“¡Nos cobraban 80 pesos por jugar una hora en la canchita!” A lo largo de varias jornadas de cobertura de la ocupación del predio estatal administrado por el club Albariño, esta protesta indignada es la que el cronista escuchó reiterarse, más que ninguna otra, tanto por los ocupantes como por vecinos de la adyacente Ciudad Oculta. Tal insistencia sugiere que en esta toma (y quizás en otras, quizás en todas) hay una dimensión comunitaria, barrial, que por supuesto no sustituye a las cuestiones sociopolíticas en juego, pero merece ser examinada.

El predio ahora ocupado pertenece al Estado nacional, que lo cedió precariamente al club Albariño, situado a más de diez cuadras de allí. Todo indica que el club estuvo lejos de poner ese predio al servicio del barrio del que forma parte. Por el contrario, parece haber sido aprovechado de acuerdo con una lógica comercial y su utilización se sumó a las diversas exacciones cotidianas a las que los habitantes de villas deben someterse. Ciertamente no se trataba de un lugar que sus frustrados usuarios, los habitantes del barrio, pudieran sentir como un bien comunitario a ser protegido.

Son numerosos los casos en que el Estado cedió gratuitamente terrenos a clubes deportivos, sin que esté claro el seguimiento del uso comunitario que se da a tales predios. En el caso de Albariño (donde la cesión es todavía precaria), la situación se agrava al tratarse de una sede que no está precisamente en los bosques de Palermo, sino en íntimo contacto con una comunidad barrial carente de espacio para recreación.

Entonces, a esta altura, admitiendo que los ocupantes finalmente se retiren, es pertinente preguntar cuál será el destino de ese predio: ¿otra vez tendrán que pagar 80 pesos a un privado por jugar a la pelota en un lugar estatal? De ser así, se estará produciendo un nuevo, cotidiano ataque a la dignidad del barrio. Y –por si eso en sí mismo no suscitara inquietud– vale recordar que los ataques contra la dignidad generan, todavía más que las carencias materiales, violencia.