El vicepresidente y ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue quien firmó con el jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, un acuerdo de coordinación para combatir el narcotráfico en la ruta Argentina-España. En ese marco, hubo un encuentro de las aduanas de ambos países, en Buenos Aires, en que se buscaron formas de concretar lo que se llaman “entregas controladas”. El objetivo es que, detectada una operación, se permita que la cocaína salga de la Argentina hacia España e incluso que en la península ibérica la droga sea retirada por los narcos. El seguimiento permite –a veces– detener después a un escalón más alto de la organización, la que maneja el depósito en España.

Si las cosas fueron como anunció ayer Rubalcaba, es decir que la Guardia Civil sabía de la llegada de la droga, no hubo un seguimiento desde la Argentina. O al menos los españoles no le informaron de la movida a ningún juez argentino, que es como debería hacerse. Las otras alternativas son que los investigadores de la Guardia Civil no tuvieran datos de cómo se transportaría la cocaína desde la Argentina o que la droga se haya embarcado en Cabo Verde.

Hoy España es un importantísimo centro de consumo y el puerto de entrada de cocaína a Europa. Esto hizo que la Argentina, Uruguay y Brasil registren un incremento notorio de operaciones de tráfico hacia la península. La más grande se detectó este año: Manzanas Blancas. La droga se decomisó en el puerto de Santos, en Brasil, y en España.