Senadores y diputados nacionales, de toda bandería, vaticinan un año con pocas sesiones. Las campañas, sumadas a la paridad entre oficialismo y “oposiciones”, apuntalan el diagnóstico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió el martes proponiendo el debate de varias leyes, algunas con estado parlamentario, otras que prometió enviar. Habrá que ver cómo conjuga el planteo presidencial con el cuadro de situación parlamentario. De momento, vaya un pantallazo sobre esas propuestas.

Hay dos proyectos ya presentados en Diputados por el Ejecutivo y redactados por el Ministerio de Trabajo. Ambos están en Diputados. Buscan reparar a sectores de trabajadores largamente desamparados: los rurales y las empleadas domésticas. El de las empleadas domésticas –calculan en la bancada oficialista– puede ser tratado exitosamente en comisión en la primera semana de actividad plena, la ulterior a la de Carnaval. Confían en conseguir el apoyo de diputados de otras bancadas numerosas, esencialmente de la radical.

El trabajo rural es un hueso más duro de roer. El año pasado era inimaginable ponerlo a consideración. El peronismo federal es un acérrimo opositor de la iniciativa, el prócer sindical Gerónimo Venegas acompaña a sus patrones en el empeño. La CGT, por añadidura, nunca se desvivió por ese colectivo.

Es imaginable el aval de Proyecto Sur pero será, de nuevo, sustancial desemblocar a los radicales, hasta ahora verticales a las patronales agropecuarias.

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La reforma a la ley penal tributaria consiste, básicamente, en aumento de penas. Es un tópico del oficialismo, tanto que Néstor Kirchner siendo presidente clamó por ponerles “traje a rayas a los evasores”. A los ojos de este cronista es ilusorio suponer que el problema se soluciona agravando las sanciones, aunque puede ser razonable hacerlo. El gran pilar de la impunidad es el Poder Judicial, el fuero Penal Económico en especial, aunque no únicamente. Los jueces son muy reacios a condenar a delincuentes de guante blanco. La colusión con los grandes estudios completa el decepcionante cuadro. Se suele hablar de delincuentes morochos tutelados por el “garantismo” o de la “industria del juicio” laboral, cuando se defiende a los trabajadores. Habría que empezar a mirar (en el Foro, en las corporaciones de jueces y en el Consejo de la Magistratura) a la industria de la defensa de poderosos. Si se hiciera, quienes integran los fueros penal económico y contencioso administrativo deberían poner sus barbas en remojo.

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Dos proyectos aludidos por la Presidenta deben ser confeccionados y presentados por el Ejecutivo. Hay suspicaces que creen que Cristina Kirchner sacó de la galera la modificación del régimen de propiedad de la tierra porque fue chuceada por el agrodiputado radical Pablo Orsolini. En el entorno de palacio lo niegan. Aseguran que el ministro Julián Domínguez venía trabajándolo desde hace un tiempito, aunque se desconoce cuán avanzado está y cuál es su contenido.

Proyectos de reforma a la vigente ley de adopción hay muchos, de variadas bancadas; en el bloque oficialistas aseguran que la intención, conversada con la Presidenta, es ingresar uno nuevo, cuyo alcance también se ignora.

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Tan sugestivas como las propuestas fueron las omisiones de la Presidenta respecto de debates que calentaron la agenda de 2010. La más llamativa, tal vez, fue la modificación del régimen penal juvenil, que incluye la baja de edad de la imputabilidad. Cuenta con “media sanción” del Senado y un dictamen de mayoría (impulsado por el Frente para la Victoria) confirmando en general el proyecto pero rechazando el cambio en la edad de imputabilidad.

Adecuar el régimen penal es una necesidad consensuada, lo que enardece la polémica es el otro tema. Es una cuestión compleja, que divide a respetables referentes del garantismo. La derecha, en cambio, está unida y lo considera una bandera. El abroquelamiento añade, pues, dificultades políticas.

La Presidenta pareció concordar con los senadores el año pasado cuando dijo que, si se había llevado la mayoría de edad de 21 años a 18, parecía sensato hacer lo mismo con la responsabilidad penal. Pero el oficialismo cavila, mirando al espectro progresista. Y también a la tropa propia, en especial a sus dinámicos sectores juveniles, que leen esa medida como un retroceso y una concesión. Las encuestas comprueban que esa percepción es generacional, no sólo partidaria.

El silencio de la Presidenta no obtura el trámite pero les da margen a sus legisladores para no apurarlo.

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Dos leyes que robaron cámara en 2010 quedaron fuera del discurso. Se trata de la que consideraría de interés público la producción de papel para diarios. Y la que pondría en acto un derecho constitucional: la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias.

En el actual contexto de relativo deshielo de la relación con las corporaciones empresarias, mezclado con la polarización con el Grupo “A”, es previsible que hibernen lo suyo.