“Estamos sumamente preocupados por la fuga del genocida de la ESMA Víctor Roberto ‘Lindoro’ Olivera, posibilitada por los responsables de su excarcelación, la Cámara Nacional de Casación Penal, y por quienes debían vigilarlo, el Tribunal Oral y Federal Nº 5”, señalaron ayer las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En un comunicado de prensa, recordaron que el represor había sido identificado “gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, algo que debió haber hecho la Justicia”, pero “Casación lo dejó en libertad con el argumento de que no se fugaría”. Además, subrayaron que el tribunal que debía garantizar que Olivera no se fugara, el TOF Nº 5, integrado por los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli, es “el mismo que tuvo a su cargo la seguridad del represor de la ESMA Héctor Febres, quien murió antes de las sentencias a causa de la ingesta de cianuro en su lugar de detención, sede de la Prefectura”. Olivera confesó que en la ESMA hacían desaparecer los cuerpos de los secuestrados incinerándolos, en lo que llamaban “asadito”, como alternativa a los vuelos de la muerte. “Su fuga implica no sólo que pueda evadir la acción de la Justicia, sino que constituye un peligro para el avance de la causa y, fundamentalmente, para la seguridad de los testigos que deben declarar desde su condición de sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas”.