EL PAíS
• SUBNOTA › INEDITA ORDEN JUDICIAL CONTRA TRENES METROPOLITANOS ROCA
A prestar un servicio digno en 45 días
El juez Federal de Lomas de Zamora, Angel Di Mateo, resolvió ayer intimar al Estado y a la concesionaria Trenes Metropolitanos Roca (TMR) a que brinden a los usuarios “un servicio digno y eficiente” dentro de los próximos 45 días, a habilitar accesos para discapacitados en un mes y a solucionar los problemas de inseguridad en un plazo no mayor a 3 días. “El tren siempre tuvo una función social y el Estado jamás puede abandonar su rol de contralor; encontré las estaciones y los vagones en un estado calamitoso y vi a la gente viajar como ganado”, afirmó a Página/12 el juez, que en una resolución de 15 carillas obliga al Estado y a la empresa de ferrocarriles con la mayor cantidad de pasajeros del país a que cumplan con lo establecido en los contratos de privatización de hace más de diez años.
“La intimación señala que el Estado o la concesionaria deben resolver los problemas en las estaciones y los vagones”, dijo Di Mateo, y agregó: “En caso de que la empresa no cumpla con los plazos, se le aplicará una multa por cada día de retraso”. El fallo también establece que a los funcionarios públicos comprometidos que no respeten la sentencia se los denunciará por resistencia o desobediencia a la Justicia.
Di Mateo inició la causa hace cinco meses, luego de que el usuario Mario Nicolás Cardozo presentara un recurso de amparo contra el Estado y TMR por las condiciones de precariedad e inseguridad de los trenes. El juez fue a siete estaciones de la ex línea Roca (entre ellas Constitución, Lomas de Zamora, Lanús y Monte Grande) y tomó declaración a cientos de otros usuarios que denunciaron a TMR por la falta de ventanillas, la inseguridad, la pésima atención del personal y los mínimos accesos para los discapacitados.
“Creo que el punto más importante es el de la seguridad y la seguridad pública es una atribución indelegable del Estado”, contó a este diario el juez, quien además es titular concursado de Derecho Penal de la Universidad de Lomas de Zamora.
La empresa TMR tiene la concesión de los ramales del sur de la provincia de Buenos Aires y transporta a la mayor cantidad de personas del país, al llevar a más de 12.000.000 de pasajeros por mes. Una fuente que presenció las inspecciones que realizó el juez contó que varios testigos “dijeron que la misma persona que cortaba los boletos tenía relojes y cadenitas robadas de los pasajeros”.
El fallo, que completa un expediente de más de 400 hojas, intima a que en 45 días se brinde “un servicio digno y eficiente” en los vagones y estaciones que incluya “condiciones mínimas de higiene y seguridad” y el reacondicionamiento de puertas, ventanillas y baños. Además, señala que dentro de 30 días se deben habilitar las “rampas y otras vías de acceso y permanencia para pasajeros discapacitados” y que en 3 días “haya personal de seguridad pública y privada en todos las estaciones y trenes”.
Luego del fallo de Di Mateo contra TMR y las resoluciones 59 y 60 publicadas ayer en el Boletín Oficial, el sindicato ferroviario La Fraternidad aclaró su posición: “El Estado y las concesionarias nunca tuvieron una política seria, no puede ser que recién ahora la CNRT haga cumplir los contratos que se establecieron en 1991”, afirmó a Página/12 el secretario general del gremio, Omar Maturano.
–¿Cómo evalúa el servicio y la seguridad de los ferrocarriles?
–Lo verdaderamente peligroso es que los trenes están circulando sin los frenos necesarios, además las vías y el señalamiento están en pésimas condiciones. Los trenes deben circular a 80 kilómetros para cumplir con el horario pero las vías sólo soportan una velocidad de 60. En cualquier momento va a haber una catástrofe.
“Las ventanas del tren son de aluminio y los pasamanos para sostenerse tienen bronce: todos se las roban”, contó Maturano, quien además anticipó que el próximo 3 de marzo los ferroviarios harán un paro en reclamo de un aumento del 40 por ciento de los salarios y de estabilidad laboral “ya quedesde que se privatizaron las empresas despidieron a 60.000 trabajadores y en abril del año pasado se sacaron 250 trenes de circulación”.
Tanto el juez como el sindicalista resaltaron la ausencia del Estado en sus funciones de control y garante de la seguridad pública en los ferrocarriles que alguna vez fueron una principal herramienta de crecimiento.
Producción: Gabriel Entin.
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