La misión del Banco Mundial y el FMI que vino a analizar la situación de las empresas de servicios públicos se reunió ayer con las cámaras de las compañías eléctricas. Los técnicos escucharon un rosario de quejas y de advertencias de las empresas, que reclaman “la fijación de tarifas que permitan sostener la calidad de los servicios y preservar una adecuada rentabilidad del capital”, según mencionaron.
A los empresarios no les costó mucho convencer a los funcionarios del BM y el FMI, dado que en las entrevistas que éstos mantuvieron el día anterior con las asociaciones de consumidores y con el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, habían deslizado esas mismas opiniones. En lo esencial, que las empresas necesitan ajustes de tarifas para acomodarse a la nueva situación, tras la devaluación y la pesificación.
En la continuidad de su trabajo, que se extenderá hasta mañana, la misión solicitó una audiencia con la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira. Sin embargo, ésta se negó de manera tajante a recibirlos. “El problema de las tarifas es interno y no tengo nada que discutir con ustedes”, les respondió Oliveira, según contó a Página/12.
El otro costado en el tema privatizadas es el aval que dio la Justicia al aumento de tarifas. Al respecto, Oliveira presentó ayer ante el juzgado de Guillermo Rossi, el magistrado que convalidó las subas, una solicitud de “aclaratoria”, debido a que su resolución evitó una definición clara sobre si corresponde o no el ajuste. En la práctica, eso dejó los aumentos en pie, pero Oliveira quiere que Rossi lo diga con todas las letras. Mondino, por su parte, cumplió con una solicitud de ampliación de la denuncia para que se suspendan los aumentos, tal como se lo pidió la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, en una maniobra que fue interpretada como dilatoria.