La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad espera por un decreto que disponga –como dice el borrador de su artículo 1º– “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas físicas que (...) revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja”. Los empleados que se desempeñan básicamente en el Ministerio de Planificación Federal descubrieron que sus pares, víctimas del terrorismo de Estado, tienen sus legajos plagados de palabras como “baja”, “cesante”, “suspendido”, “despido” o “limitar servicios” y que esto fue posible por leyes como la 21.260, promulgada el mismo día del golpe, y la 21.274, que decretaron despidos masivos entre los trabajadores.

La segunda de las normas, aprobada el 29 de marzo, sostenía en su artículo 1º: “Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo”.

El decreto que pronto quedará a la firma de la presidenta Cristina Fernández terminará con la adulteración documental de los legajos y se apoya en un expediente de 22 cuerpos y 11.600 fojas. Según los empleados de la Secretaría de Obras Públicas, pesa tanto que tuvieron que moverlo en dos carretillas. La intención de los trabajadores es que el decreto se haga extensivo a un período mucho más amplio, tomando como punto de partida el bombardeo del 16 de junio de 1955 y a todas las víctimas del terrorismo de Estado que lo sufrieron desde adentro.