”Una tercera parte de los alumnos de las escuelas primarias del primer cordón del conurbano bonaerense tiene un familiar cercano en las cárceles.” El dato, estremecedor, se consigna en una brillante columna de Javier Auyero y Flavia Belomi titulada “Crecer a la sombra de la prisión”, publicada ayer en Página/12, cuya lectura se recomienda con fervor. Auyero es sociólogo, uno de los muy contados que hacen intensos trabajo de campo referidos a sectores populares. Belomi es maestra en dos escuelas primarias del Gran Buenos Aires. La conclusión surge de un estudio amplio, en etapa de investigación.

Uno de cada tres pibes, una realidad recurrente que provoca cambios indeseables en roles familiares, discriminación patente, impacto en la vida cotidiana.

Muchos de esos presos no tienen condena, son perjudicados por un sistema penal y carcelario perverso. Jueces y fiscales (dominantes en sus corporaciones) se esmeran por ampliar ese colectivo. Comunicadores de postín los ovacionan, mientras claman por tapiar las hipotéticas “puertas giratorias” que existirían en las comisarías. Son cruzados contra la presunción de inocencia, salvo en el caso de la familia García Belsunce, que vive en un country.

Poco se conoce y se estudia la vida de los argentinos más relegados. Para algunos porque son enemigos, para otros porque niegan o minimizan su existencia. Un artículo como el que recomendamos ilumina parte de su realidad. A veces, la crónica periodística o un sacudón de actualidad cumplen ese rol. Los estallidos sociales de fines del año pasado “revelaron” que hay una cantidad relevante de ciudadanos que viven en condiciones de hacinamiento. Las repercusiones, amén de lo obvio, incluyen violencia familiar y abusos sexuales.

Desde 2003 han disminuido sensiblemente la pobreza y la exclusión. La condición de los trabajadores es, en promedio, mucho mejor que entonces. Pero subsisten núcleos duros de castigados, especialmente afincados en ciertas geografías, que distan de tener garantizados los derechos básicos de una ciudadanía plena del siglo XXI. La Asignación Universal por Hijo mejoró la ecuación económica de los hogares más pobres. Pero quedan en pie carencias estructurales que exigen un abordaje específico de políticas públicas. El trabajo no alcanza, un ingreso pasable tampoco. Internarse en esas dificultades es un desafío para cualquier fuerza política que aspire a gobernar la Argentina o sus provincias. Poco se piensa en esas cuestiones, nada se debate. En algún punto específico, como el que alumbró la columna de Auyero y Belomi, hasta se desconoce su dolorosa magnitud, cuando no su propia existencia.