El fiscal Sandro Abraldes denunció por lavado de dinero a una decena de clientes de una cueva clandestina del banco BNP Paribas, quienes por esa vía transfirieron fondos a cuentas en Miami, Bahamas, Panamá, Suiza y Luxemburgo. Abraldes da por probada la transferencia ilegal de 250 millones de dólares pero por documentos incautados sospecha que la suma real es cuatro veces mayor. Entre los funcionarios que figuran en la lista está el ex director de la zona sur metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, uno de los jefes de los doscientos inspectores fiscales que el 10 de septiembre de 2009 no dejaron papel sin dar vuelta en la sede central del Grupo Clarín. No es el único sospechoso vinculado con Clarín. También figura en esa lista el miembro de la sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial José Luis Monti, quien transfirió a una cuenta suiza conjunta con su esposa (la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia María Carmen Foltyn), un millón y medio de dólares, suma difícil de ahorrar con dos sueldos judiciales. Monti, junto con sus colegas de sala Juan Roberto Garibotto y Alfredo Kolliker Frers fallaron en forma sistemática a favor de Papel Prensa en las diversas causas contra el Estado Nacional y los organismos de control, como la Comisión Nacional de Valores. Esos “magistrados ejemplares que afirman el imperio de la ley” (según los calificó un editorial de La Nación, accionista de Papel Prensa) revocaron la intervención judicial de Papel Prensa dispuesta en primera instancia y varios fallos favorables a la Comisión Nacional de Valores. Cuando la fiscal general Alejandra Gils Carbó apeló el fallo sobre la coadministración judicial, Monti y sus colegas la descalificaron aduciendo que atribuía al Estado Nacional facultades supralegales, emulando “la estructura de los controles económicos impuestos en el Reich alemán durante el régimen nazi”. El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, respaldó a Gils Carbó, porque los camaristas “han quebrado el papel neutral que debe desempeñar el juez en el proceso”, y solicitó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura la promoción del juicio político del ahorrista suizo y de sus colegas de sala.