Juan Velázquez, de 37 años, no formaba parte de la toma del predio del Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín, pero había ido a solidarizarse con las familias que estaban allí instaladas pidiendo tierras para construir viviendas. El jueves a la mañana, en medio del intento de desalojo brutal desplegado por la policía jujeña, recibió un balazo en la cabeza y ayer se convirtió en la cuarta víctima fatal de los sucesos. La reconstrucción de las muertes y los hechos de violencia que dejaron, además, alrededor de 60 heridos, eran investigados hasta ayer por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas. Por la tarde, sin embargo, le dijo a Página/12 que el juez Jorge Samman, el mismo que firmó la orden de desalojo, había resuelto anticipar el regreso de sus vacaciones y se haría cargo de la investigación. De ser así, advirtió la abogada Mariana Vargas, que actuará en el caso en nombre de los damnificados, “vamos a recusarlo porque quien ordenó este brutal desalojo no puede ser quien investigue sus consecuencias”. A lo largo del día fueron liberados los manifestantes que habían sido detenidos.

La rauda partida del magistrado tras disponer la expulsión de quienes acampan en tierras de Ledesma fue criticada, entre otros, por el gobernador Walter Barrionuevo. Pérez Rojas, que lo estuvo subrogando en su ausencia, justificó el operativo con el argumento de que frente a la denuncia de la empresa y el impulso de la fiscalía “no había muchas más alternativas” para el juzgado, ya que la gente no había desalojado el lugar pacíficamente ante el supuesto aviso. Los referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se encuentran en la ocupación aseguraron que no fueron notificados y que, además, había una negociación avanzada en marcha. Cuando tanto la jueza como el gobierno provincial intentaron frenar la avanzada policial, ya era tarde. Ya habían perdido la vida Ariel Farfán, Félix Reyes y el policía Alejandro Farfán, mientras Velázquez entraba a terapia intensiva.

La jueza le dijo a este diario que ordenó las respectivas autopsias y que como el personal policial está bajo sospecha, las pericias balísticas y de las armas utilizadas serían encomendadas a la Gendarmería. En otras declaraciones públicas dijo que aunque “el primer caído sería el personal policial, no se puede establecer quién mató a quién”. El subjefe de policía de Jujuy, Sergio Vilca, reportó que en el predio se encontraron “vainas de balas calibre 22 con punta hueca y se secuestraron bombas molotov y armas caseras”.

Pérez Rojas informó que quedaba “un policía herido de gravedad” y “heridos leves, cinco civiles y 18 policías”. En cuanto al resultado de las pericias, señaló, “tendrán que preguntarle a Samman, que volvió y pidió reasumir la investigación”. Samman no contestó los llamados de Página/12, aunque la mujer que atendía el teléfono confirmó que estaba en el juzgado.

La abogada Vargas, que asiste a la CCC, explicó que estuvieron recopilando filmaciones hechas con teléfonos celulares y las de canales de televisión para entregarlas a la Justicia, además de armar una lista de testigos. Algunos son periodistas, como una cronista del Canal 2 que habría visto el momento en que Velázquez recibía el disparo en la cabeza y caía desplomado. El mismo trabajo de hormiga –dada la gran cantidad de gente– está realizando el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), un organismo de derechos humanos que respalda la toma.

En sintonía con el gobierno provincial, la jueza dijo que “la policía de Jujuy desde hace muchos años tiene por reglamentación interna la prohibición de concurrir a los operativos con armas de fuego”. Por eso, dijo, “el personal raso concurre con escudos y bastones y solamente Infantería o Caballería llevan gas y balas de goma”. Vargas, por su parte, recordó que no es la primera vez que la policía jujeña queda implicada en homicidios de este tipo. “Mataron a Mariano Cuellar en 2003 en una protesta también en Libertador General San Martín por la muerte de Cristina Ibáñez en una comisaría. Los dos eran de la CCC. Mariano llegó a identificar, antes de morir, al policía que le disparó, pero fue sobreseído por el mismo juez que había estado en la represión”, relató la letrada.

La CCC y otros organismos planean pedir el apartamiento del juez Samman si es que sigue al frente de la investigación de los homicidios y heridos. Este juez también ganó fama por haber dejado en libertad al hombre al que Romina Tejerina acusaba como su violador, Eduardo Vargas. Romina fue condenada por dar muerte a su bebé recién nacido, cuya gestación –sostuvo ella siempre– fue producto de aquella violación. Samman no aceptó hacer los estudios de ADN de Vargas. Una nota de la periodista Marta Dillon publicada en este diario en 2005 cuenta que Samman tuvo a cargo la causa de Olga Verón, una chica que denunció a su padre por maltrato. Olga contó que el juez la llamó a una audiencia con sus padres, “que tenía que respetarlos”, “que mi papá iba a cambiar, a pesar de que le pedí por favor que ya no quería vivir con él”. Dos meses después Olga mató a su padre, con un arma de él, que había sido policía.