A fines de marzo último, la ministra de Seguridad Nilda Garré presentó ante los ministros de Seguridad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicos. La cartera sugería un acta-acuerdo con algunos lineamientos, como que la intervención de las fuerzas de seguridad debe ser progresiva, comenzando por el diálogo; que los Ejecutivos deben designar un coordinador para las acciones y que queda totalmente prohibido el uso de armas de fuego del personal que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, igual que el uso de pistolas lanzagases, mientras que las postas de goma sólo se pueden usar para defenderse. El Ministerio de Seguridad de Jujuy nunca firmó el protocolo. El gobernador Walter Barrionuevo y también la jueza Ana Carolina Pérez Rojas señalaron la existencia de una reglamentación interna que “prohíbe ir a los operativos con armas de fuego”.