“Esta decisión implica un paso fundamental para demostrar la complicidad de algunos funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado. Avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial es una asignatura pendiente de la democracia argentina y el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de asumir su rol en ese recambio. En los próximos meses el jurado de enjuiciamiento deberá definir la destitución de (Otilio) Romano y demostrar que es inadmisible que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado. Allí se recordó que “a lo largo de los últimos dos años, el CELS y otros organismos de derechos humanos presentaron denuncias contra Romano, quien fue citado en varias oportunidades para rendir cuentas ante el Consejo, pero las audiencias se suspendieron sin mayores justificaciones. En esta ocasión el juez envió su descargo por escrito, declaró ser víctima de una “patraña judicial” y sostuvo que “las fuerzas armadas y la policía actuaban de manera clandestina durante el terrorismo de Estado, por lo que no pudo ser partícipe de un accionar que desconocía”.