El 25 de noviembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial Eduardo Julio Pettigiani había requerido al ministro Casal y a la Procuradora Falbo explicaciones precisas y la adopción de medidas para impedir que siguieran produciéndose asesinatos y heridas graves en la Unidad Penitenciaria 48 de San Martín, que junto con las contiguas unidades 46 y 47 forman el Complejo Penitenciario Conurbano Norte, tres unidades modernas construidas sobre una porción del basural del CEAMSE. Según Pettigiani en el semestre anterior habían ocurrido cinco muertes y numerosas heridas entre personas alojadas allí. Esto es el 12,5 por ciento de todas las muertes traumáticas en las cárceles bonaerenses. Pettigiani también se refirió a la “venta de drogas dentro del penal, tenencia de elementos punzocortantes, abusos sexuales, actuación tardía y deficiente en materia de seguridad, ineficaz sistema de salud” y reclamó respuesta sobre “la posible participación de personas detenidas con connivencia de personal penitenciario en hechos delictivos cometidos fuera del ámbito de la Unidad Penal, con el posterior ingreso de lo sustraído a aquélla, para su reducción en los talleres que funcionan intramuros”. Como la reiteración de recursos caso por caso no modificaba la situación, la Corte encomendó a su presidente que comunicara a Casal y Falbo que la situación fuera considerada “in totum y de manera macro”. La única respuesta fue la pasividad absoluta y el asesinato alevoso de Barros apenas dos meses después.