- 28 de enero. Los penitenciarios matan a golpes a Barros y sostienen que los atacó con una faca y se suicidó golpeándose contra una reja. Familiares de los detenidos avisan al defensor Juan Manuel Casolati. En la cárcel hay funcionarios del ministerio y de la Procuración, que no investigan ni denuncian.

- 30 de enero. Visitan la U46 la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS. Tres detenidos admiten que los hechos no ocurrieron como sostiene el Servicio Penitenciario Bonaerense pero dicen que los asesinarán si cuentan la verdad.

- 31 de enero. El CELS pide al ministerio de Seguridad de la Nación que Gendarmería aloje a los tres detenidos que avalaron la versión oficial. Con esa garantía de su vida declaran ante el fiscal y cuentan que Barros fue asesinado a golpes y patadas por una decena de penitenciarios. La autopsia lo confirma.

- 1º de febrero. Al desmoronarse la versión oficial, el subsecretario de política criminal, César Albarracín, desplaza al director Leonardo Dziata y al subdirector de seguridad Eduardo Orzusa (ambos Prefectos Mayores); al jefe de vigilancia y tratamiento, Subprefecto Mauricio Pinedo, y a los Adjutores Rodrigo Chaparro y Juan Manuel Liberto, al Subalcaide Héctor Aníbal Mario y a los guardias Gerardo Rodolfo Luna y César Raúl Benítez y decide iniciarles sumario. El juez Mariano Grammatico ordena la detención de cuatro de ellos por homicidio agravado.

- 2 de febrero. Recién al cuarto día Casal y Albarracín citan a la familia de Barros y le comunican las sanciones dispuestas. Casal reclama a la familia que no se realice una marcha de protesta programada y pone en marcha el Operativo Distracción.

- 4 de febrero. Los familiares y un grupo de ex detenidos realizaron la marcha en reclamo de justicia frente a la U46. Casal ordenó acuartelar a todo el personal del Complejo Conurbano Norte y envió como refuerzo tres ómnibus con el grupo especial de choque del SPB, llamados Los Cascarudos, más cuatro patrulleros y diez motos de la policía.