La crisis financiera de la Fundación Felices los Niños tras las denuncias contra Grassi hizo que sus empleados realizaran paros y medidas de fuerza en septiembre de 2006, porque les adeudaban ocho meses de sueldos. Los escándalos se sucedieron cuando en mayo de 2009 la Justicia dispuso el desalojo del Hogar Convivencial San José Obrero, ubicado en Chacarita, en Charlone 753, donde también se habían producido abusos sexuales contra algunos de los chicos internados allí.

En ese caso, la denuncia fue presentada por el obispo Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano. El caso comenzó a ser investigado a partir del intento de suicidio de un niño de 8 años que presuntamente había sido violado.

En enero de 2011, el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) hizo una presentación judicial para que el predio del Hogar San José Obrero fuera desalojado y restituido al Estado, que lo había cedido a Grassi el 27 de mayo de 1996. Según el Onabe, en el establecimiento estaban funcionando un call center, un locutorio y se había instalado una antena por la cual la empresa Nextel estaba pagando un canon a la fundación. El predio, cedido a Grassi también por Cavallo, había sido entregado sólo para darle un uso social, sin fines de lucro.

El planteo del Onabe fue rechazado, sin siquiera ser analizado, por la jueza Rita María Ailán. Todo indica que esa situación denunciada por el Onabe se mantiene hoy sin variantes. Si hasta el propio gobierno de Mauricio Macri, en mayo de 2009, había decidido cancelar la inscripción de la Fundación Felices los Niños en la Ciudad de Buenos Aires, por las irregularidades en el Hogar San José.