Todavía cinco gobiernos provinciales no dieron señales de cómo bajarán en sus territorios el fallo de la Corte Suprema para garantizar el acceso a los abortos no punibles. San Luis, Río Negro, Corrientes, Santa Cruz y Chaco mantienen silencio y no avanzaron en la implementación de protocolos ni en la sensibilización de los equipos médicos en el tema, de acuerdo con un relevamiento realizado por asesores del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En Misiones anunciaron que adherirían a la Guía elaborada por el Ministerio de Salud de Nación pero los profesionales de los principales hospitales se declararon objetores de conciencia. A pesar de los fuertes cuestionamientos en contra, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, siguió adelante con su idea de imponer a las mujeres víctimas de una violación más requisitos que los que estableció la sentencia del máximo tribunal del país: el martes se publicó en el Boletín Oficial el instructivo que deberá aplicarse en hospitales de esa provincia y se exige que, si no hubo denuncia policial, las mujeres tienen que hacer una declaración jurada en los centros de salud con el acompañamiento del Ministerio Público, es decir, se mantiene la exigencia de dar intervención a la Justicia, a pesar de que justamente el fallo de la Corte apuntó a evitar la judicialización de los pedidos y suprimir las trabas arbitrarias, que históricamente se repetían en distintas jurisdicciones del país.

De todas formas, ya son mayoría las provincias que han acatado la sentencia del 13 de marzo –ya sea elaborando su propio protocolo o adhiriendo al nacional– o están en camino de hacerlo. Algunas están más demoradas. En Santiago del Estero, por ejemplo, todavía no se presentó ninguna guía de atención; desde el gobierno se anunció que la provincia adheriría a la Guía Técnica de Atención a los Abortos No Punibles, actualizada en 2010 por Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Pero no se conoce aún decreto ni resolución en ese sentido. En una situación similar se encontraría Catamarca. En cambio, Jujuy –que no había definido su posición– en los últimos días habría sacado una resolución ministerial que avala el fallo de la Corte: hasta tanto tengan un protocolo provincial, se manejarían con la Guía de Nación.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Mauricio Macri no sentó posición. Pero legisladores que responde al PRO están impulsando la sanción de una ley en la Legislatura, tras el fallo de la Corte. El macrismo cambió de posición a la luz de la sentencia del 13 de marzo y ya presentó tres proyectos. Cabe destacar que en los últimos tres años había cajoneado sistemáticamente las iniciativas de la oposición que buscaban aprobar una norma para evitar la judicialización de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, esto es, en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Sin embargo, el PRO pretende imponer por ley más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para que sea más restrictivo el acceso a los abortos no punibles y quiere exigir a las adolescentes menores de 18 años que soliciten la interrupción legal de embarazo el consentimiento de los padres. El kirchnerismo, Nuevo Encuentro, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y otras fuerzas de la oposición, que vienen trabajando el tema hace varios años y consensuaron un texto, no están de acuerdo con la propuesta oficialista. Asesores de diputados y diputadas que defienden las distintas posturas están tratando de limar diferencias en la Comisión de Salud, donde empezaron a discutirse los proyectos. Según pudo saber este diario, la Asociación de Médicos Municipales, cuya conducción se había manifestado en años anteriores férreamente en contra de legislar sobre el tema, ahora le pidió al Ministerio de Salud que se apure en la firma de una reglamentación para que los profesionales de la salud estén amparados a la hora de practicar un aborto no punible.

En la provincia de Buenos Aires están trabajando desde el Ejecutivo para adecuar el protocolo vigente desde 2007 a los lineamientos que estableció la Corte. Pronto se anunciará el nuevo instructivo.

La Pampa, por su parte, publicó en el Boletín Oficial del 4 de mayo su propio protocolo, acorde con la sentencia de la Corte. Rosario también: la ciudad santafesina es el único distrito municipal con una reglamentación para la atención de los abortos no punibles. Rosario había sido una de las primeras jurisdicciones que tuvo regulación, en 2007, junto con las provincias de Buenos Aires y Neuquén. La provincia de Santa Fe adhirió al a Guía Nacional por decreto, y también lo hizo Formosa. Chubut tiene su propia ley de 2010; el protocolo que se dictó en Córdoba quedó neutralizado porque fue denunciado por grupos anti derechos en la Justicia. Entre Ríos también dictó un instructivo para los hospitales, pero está siendo cuestionado por organizaciones de derechos de las mujeres locales, porque el texto no deja claro el mecanismo a seguir en casos de objeción de conciencia, aunque, por otra parte, establece que en cualquier situación de duda tiene que aplicarse en protocolo a favor de la mujer. Tierra del Fuego anunció que adheriría a la Guía de Nación –aunque todavía no se dio a conocer ninguna resolución que avale esa decisión–, igual que San Juan, Tucumán y Mendoza, tres jurisdicciones donde hay fuertes presiones de sectores conservadores para impedir que se aplique. Mientras tanto, desde el gobierno de La Rioja están pidiendo al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable copias de la Guía nacional para aplicarla en los hospitales provinciales.