El arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, convocó el 13 de mayo a políticos del oficialismo y la oposición provincial para plantearles su férrea oposición a la implementación de un protocolo para la atención de los abortos no punibles, tal como estableció la Corte Suprema en su reciente fallo, en el que despejó las dudas sobre los alcances del permiso para interrumpir legalmente un embarazo en casos de violación. Al encuentro concurrieron el ex vicegobernador Julio Díaz Lozano, diputados y concejales del kirchnerismo y la oposición. Zecca advirtió en la reunión: “Bajo ningún aspecto vamos a aceptar que se avale el aborto”.

Tucumán es una de las provincias que todavía no elaboraron una reglamentación para la atención de los abortos no punibles, en línea con el pedido del máximo tribunal. El gobierno de José Alperovich alega que están dando capacitaciones en los hospitales públicos a los profesionales de la salud con la Guía Técnica que redactó el Ministerio de Salud de la Nación y que establece un procedimiento acorde con la sentencia de la Corte.

Al mismo tiempo, diputados oficialistas y de la oposición presentaron proyectos en la Legislatura que buscan prohibir en la provincia ese tipo de protocolos. Hay otra iniciativa en estudio, que no rechaza los instructivos de atención de los abortos no punibles, pero incluye trabas para desalentar a las mujeres a interrumpir un embarazo –ya sea por motivos de salud o violación– y, entre otras exigencias, las obliga a realizarse una ecografía previa a la práctica, como establece una polémica ley en Texas, Estados Unidos.

Y también admite “la objeción de conciencia institucional”, es decir, que un hospital público rechace directamente el pedido y no garantice la práctica, y establece que la provincia deberá promover como política pública que las mujeres violadas lleven la gestación a término y luego den en adopción a la criatura, en coincidencia con otros proyectos similares que fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y que están siendo promovidos por la jerarquía católica y otros grupos conservadores que se oponen al aborto en cualquier caso, incluso en los contemplados en el Código Penal.