El gobierno de Mauricio Macri reaccionó como reacciona el gobierno de Mauricio Macri. Ante la confirmación por parte de la Cámara de Casación de su procesamiento por las escuchas ilegales, que lo acerca al juicio oral, sostuvo que todas las acusaciones son falsas y argumentó que el fallo no cambia nada. La defensa pública estuvo a cargo del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien fue sobreseído en la misma causa. “A mí me parece un disparate. No hay elementos para vincular a Mauricio Macri”, opinó. Sobre el fallo, advirtió que la Cámara no se pronunció sobre el fondo, sino que simplemente rechazó el pedido de Macri porque no se probó que hubiera “gravedad institucional”.

La única diferencia de lo que suele ser la reacción habitual del PRO en estos casos (es decir, ante los fallos en contra en la causa de las escuchas ilegales, que ya se volvieron habituales) fue que en esta oportunidad no cuestionaron a los jueces ni los acusaron de reportar al kirchnerismo. Montenegro fue el encargado de dar la interpretación del gobierno porteño sobre el fallo. El ex magistrado consideró que lo resuelto por Casación no implicó un juzgamiento de la responsabilidad penal de Macri, sino un rechazo formal de un pedido que hicieron los abogados defensores del jefe de Gobierno.

“Lo que hizo la Cámara fue no tratar el fondo de la cuestión, sino marcar una forma de procedimiento. La Cámara no se pronunció sobre la materialidad de los hechos ni la responsabilidad penal de ninguna de las personas imputadas que incluye al propio Mauricio Macri”, sostuvo Montenegro, quien afirmó que la sentencia “no constituye sentencia definitiva” ni se ha demostrado “la existencia de gravedad institucional” de los acontecimientos. La necesidad de que hubiera “gravedad institucional”, en realidad, formaba parte de los argumentos del PRO, dado que la Cámara de Casación no suele tratar apelaciones de este tipo.