Cuando la Corte Suprema puso plazo final a la medida cautelar del Grupo Clarín cabía imaginar un inmediato activismo judicial del grupo. No ocurrió así. Hasta ahora, la retaliación se canalizó por vía periodística, traducida en una radicalización del discurso opositor que ha llegado a límites insuperables.

Cuando faltan poco más de cuatro meses para el 7 de diciembre, día en que cesará la tutela cautelar, empiezan a insinuarse cursos de acción y argumentos del multimedios. En los diarios Clarín y La Nación se insinúan inexactitudes sobre el fallo de la Corte, que acaso se repetirán en el Foro. Se alega, sin razón, que el 7 de diciembre no regirá en plenitud el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cláusula antimonopólica. El Supremo Tribunal ha dicho lo contrario, se lo ignora. También se tilda de discriminatoria e ilegal una medida administrativa de la autoridad de aplicación: pedir datos actualizados a Clarín y a otros grupos multimediáticos para efectivizar oportunamente el artículo en cuestión. No hay discriminación porque la movida no es exclusiva ni hay avance ilegal o prematuro sino búsqueda de información.

Los voceros de Clarín aducen que la Corte impuso que antes del día D se dictara sentencia de primera instancia en el expediente principal, aquel en que se persigue la inconstitucionalidad de la ley de medios. No hay tal: los Supremos jamás impusieron una fecha, porque carecen de facultades al respecto y porque los plazos procesales no se pueden dejar de lado. El mentado expediente está en etapa de prueba, avanza razonablemente. Jamás se debe ser apodíctico en asuntos humanos, pero es casi imposible que se cumplan todos los trámites previos al fallo antes del 7 de diciembre. Ni que hablar de que se pronuncie sentencia, lo que tampoco se consuma en un santiamén.

En la causa se presentaron las pericias pedidas especialmente por la accionante. Todas fueron impugnadas. Luego corresponde revisar si se produjo toda la prueba, después las partes deben alegar. Recién en ese trance podría pasarse el expediente a sentencia. Los plazos procesales son largos.

La Corte delimitó hitos que constriñen las perspectivas de la demanda. La concentración de los medios, afirmó, es pasible de regulación legislativa, frecuente en otros países. Y los virtuales daños materiales que pueda padecer un concesionario son reparables por vía de daños y perjuicios, no habilitando por sí la inconstitucionalidad. Según los abogados del Estado, las pruebas de Clarín sólo apuntan a comprobar daños materiales. Es de por sí complejo probar en un juicio violaciones futuras a la libertad de prensa, el multimedios no ha sido muy vivaz para intentarlo.

Como sea, el expediente es sólo un escenario de la brega. El oligopolio esconde sus cartas, es verosímil que se reavive alguna medida de no innovar en trámite, piensan los representantes del Estado. Otros vaticinan “una lluvia de cautelares” en réplica a cada acción del Gobierno en el cercano diciembre.

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En el ínterin, se dejó sin efecto la licitación de 220 frecuencias televisivas, la mitad de ellas afectadas a entidades sin fines de lucro. La movida, más que ambiciosa, se internaba en un terreno ignoto: no había licitaciones semejantes desde 1989 y jamás se pensó tanto en emisores comunitarios. La frustración era un albur previsible, lo que no impide que sea una mala nueva. Hubo, seguramente, una errónea proyección sobre el número de interesados. También contribuyó la fijación de un costo prohibitivo de los pliegos para entidades sin fines de lucro, un error que pudo haberse evitado. Lo cierto es que no hubo casi ofertantes, que la mayoría fueron privados, en especial grandes jugadores ya instalados.

La reforma de un sistema forjado por el capital privado es una misión ciclópea y sin antecedentes. Los tropiezos son, pues, imaginables lo que fuerza a las autoridades a refinar sus instrumentos y anticipar los hechos. No resultó y, ante el hecho consumado, lo mejor era retractar la licitación. Lo esencial, ante una demora indeseada, es aprender de la experiencia. En tal sentido suena incongruente anunciar que las nuevas licencias exigirán a las empresas ofertantes emitir en HD (alta definición), un factor que podría ahuyentar a interesados con limitados recursos.

Uno de los problemas-desafíos centrales de la reconversión del sistema de medios es la sustentabilidad de los alternativos. El mercado, formateado en la lógica comercial dominante, no dará la respuesta que deberá provenir del Estado. Como señala el especialista Martín Becerra, el punto es resolver “quién pagará la factura”. O sea, cómo se sostendrán los medios alternativos. Un reto que debe afrontarse en una etapa de restricciones económicas pero que es ineludible si se quiere redondear “la otra mitad” de la formidable ley. Desmonopolizar es una parte, abrir el espectro a voces nuevas de la sociedad civil, el otro objetivo irrenunciable.