Así como la primera etapa de los juicios humanidad puso en escena relatos de los detenidos desaparecidos en clave de identidades políticas –dimensiones que quedaron afuera del Juicio a las Juntas–, es posible pensar que los juicios que avanzan sobre la complicidad civil de los sectores empresarios ponen en escena relatos donde quien declara recupera la dimensión de trabajador, la vida de las comisiones internas, las luchas sindicales que aparecen como las razones de secuestros y escarmientos.

Además de la prueba penal –esa relación casi física entre prueba y hecho–, estos nuevos relatos llevan al terreno de las pruebas jurídicas una dimensión que parece todavía más ausente, como la conflictividad gremial y la organización obrera.

Eso aparece así como base estructural de las políticas represivas y asocia al mundo de las empresas con las políticas del terrorismo de Estado. Algo de esto dice un libro que acaba de salir publicado con el nombre de La muerte por cuenta ajena, de Editorial de la Campana. Su autor Daniel Cieza mapea a modo de texto urgente y apurado el estado de situación de los juicios en relación con las empresas y la dictadura. Habla de la invisibilización del relato obrero en este sentido y pone en contexto histórico la represión de las luchas obreras en contextos de alianza entre el poder económico y el militar. Cieza, que es docente universitario y ex detenido político, dice que el terrorismo de Estado tuvo dos ejes, por un lado la represión contra la juventud politizada y encuadrada en parte en las organizaciones políticas y político-militares; por otro, “el disciplinamiento al sindicalismo de base con el pretexto de lo que llamaron ‘la subversión industrial’, apoyado por grandes empresas y corporaciones, pero también por políticos, militares, medios de comunicación, partidos políticos y embajadas, con la excusa de disciplinar al movimiento sindical de base que venía planteando demandas como la negociación colectiva, mejores condiciones de higiene y seguridad y mayor participación social y política de los trabajadores”.

A la luz de estas líneas pueden revisarse los testimonios de los obreros de Loma Negra que declararon en el juicio de Tandil por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno. El de los ex trabajadores de la Mina el Aguilar, que están declarando en Jujuy en el juicio oral por el crimen del dirigente sindical Avelino Bazán. O los choferes de la Veloz del Norte en la causa de instrucción de Salta, entre otros ejemplos. La causa de Ledesma también avanza por allí. Cómo quedará plasmada en el caso de Jujuy la participación del Ingenio Ledesma es uno de los desafíos de la Justicia.