El juicio de la provincia de Santa Fe contra el Estado nacional está a sentencia en la Corte Suprema. El expediente circula de despacho en despacho, en el cuarto piso de Tribunales, sin encontrar sosiego ni unanimidad. Es una brasa ardiente para el tribunal, que se apresta a recibir otras más grandes y candentes. Hay mucho dinero en disputa y cualquier sentencia imaginable generará desequilibrios fiscales, conflictos, acusaciones y sospechas. La trama legal es intrincada: sucesivos tratados que a veces se contradicen, relatos y pruebas contradictorias sobre plata que fue o que vino del centro a la provincia. Los cortesanos se dan sus tiempos y lindaría con lo asombroso que se sentenciara antes fin de año.

Córdoba inició este año un juicio en esencia similar. La Corte convocó a una audiencia de mediación-conciliación semejante a varias que hubo en el caso Santa Fe. El saldo fue idéntico: cero acuerdo y nulo diálogo. Así las cosas, el pleito avanza. Insumirá sus añitos, pero le acarrea una urgencia a la Corte: hay una medida cautelar pedida por el gobernador José Manuel de la Sota. Decidirla será un pequeño temporal. Para la Corte sería más aliviado que no ocurriera antes de las fiestas. Pero el manejo de los tiempos en este tipo de demandas es más restrictivo. Habrá que ver.

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Entre tanto, los Supremos otean el horizonte del 7D. El proyecto de ley para reglamentar el per saltum no los entusiasma, por usar un eufemismo. El presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, no formuló cuestionamientos públicos al instituto. Pero en privado cuestiona que es un mal momento dictar la ley, que tiene malos precedentes y pésima prensa.

Lorenzetti es lo bastante pragmático para asumir que, si se aprueba la norma, el caso Clarín será una de sus pistas de prueba. El expediente está en condiciones de pasar a sentencia, pero todavía no ha dictado la decisión respectiva. La calesita de jueces a cargo del expediente explica en parte esa demora. Es, entonces, muy difícil que haya sentencia este año.

Lorenzetti comenta ante oídos confidentes que los métodos de designar jueces subrogantes (suplentes) hacen agua por todos lados. Y reparte críticas para varios lados. Al Ejecutivo que demora designaciones, mientras fueros como el Laboral y el de Seguridad están “a punto de colapsar” por falta de jueces titulares. Al Consejo de la Magistratura, que le parece inoperante amén de la torpeza de sus integrantes. En voz baja, Lorenzetti acuerda con integrantes del oficialismo: si hubiera una reforma constitucional, debería reformarse esa institución. A su ver, no funcionó a nivel nacional ni en casi ninguna provincia. Pero la reforma (ver nota central) está muy verde. Dicho sea al pasar: los opositores que cierran el paso a toda modificación de la Carta Magna consagran la continuidad del Consejo, una comprobada quinta rueda del carro. Y también garantizan que pervivan las reglas sobre Coparticipación Federal, cuyas sobreexigencias impiden que se reforme la vigente. Tomar decisiones siempre supone costos y beneficios, caramba.

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La Corte ya adelantó una mirada sobre la pretensa inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Expuso que las leyes antimonopólicas son moneda corriente en todas partes del mundo y nada tienen de irregulares. Por la información que disponen de la causa, Clarín nada probó (y casi nada alegó) sobre violaciones a la libertad de prensa: se centró en los perjuicios patrimoniales. Y adujo un endeble argumento para quien es concesionario de un servicio público, con plazo de vencimiento y cancelable por naturaleza. Expresó que tiene un “derecho adquirido” porque fue este gobierno el que le extendió el plazo de las licencias. Los letrados del multimedios soslayan, sonríen en el cuarto piso, que el Ejecutivo es una cosa y el Legislativo otra, entre varias lindezas.

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Como la sentencia en cuestión no es inminente, es factible que –si hay ley– abogados vivarachos peticionen per saltum en otros juicios. La Corte protesta porque presume un aluvión de trabajo, que incluye muchos planteos infundados. El cronista intuye que algunos de esas causas podrán venirle bien, en el afán de ir armando criterios jurisprudenciales para restringir el activismo de los letrados e ir marcando la cancha para asuntos de enorme porte. Que, como dicen los cantitos futboleros, ya van a venir.