Las empresas recuperadas constituyen una realidad que llegó para quedarse. A más de una década de su surgimiento, estas experiencias nacidas de la desobediencia al desempleo, lejos de ser un elemento del pasado, son hoy una realidad vigente. Alrededor de 300 empresas en todo el territorio nacional dan cuenta de ello; incluso muchas de ellas han surgido con posterioridad al contexto de crisis atravesado durante los primeros años del nuevo milenio.

En nuestra primera investigación sobre el tema, allá lejos y hace tiempo, postulamos como hipótesis la creciente instalación cultural del proceso. La recuperación de empresas fue progresivamente conocida y valorada por los trabajadores asalariados y la población en su conjunto. Esta legitimidad social del fenómeno promovió su desarrollo en un doble sentido. En primer lugar, porque proveyó a los asalariados de una herramienta a utilizar en la defensa de la fuente de trabajo; en segundo lugar, porque los hizo acreedores del potencial apoyo, solidaridad e incluso tolerancia pragmática de otros actores.

Una reciente encuesta representativa de 600 casos en el Area Metropolitana de Buenos Aires, realizada por el proyecto Ubacyt “La cultura de la recuperación de empresas”, demuestra el conocimiento y la legitimidad actual del fenómeno (ver aparte). Compartamos los datos más destacados.

En primer lugar, la mayoría de los encuestados –siete de cada diez– demuestra conocer el fenómeno de las empresas recuperadas. Pero lo más significativo es su valoración positiva de este universo: casi la totalidad (97 por ciento) tiene una consideración positiva del fenómeno. Esta actitud favorable se basa fundamentalmente en la representación de estas experiencias autogestivas como una forma de preservar la fuente de trabajo más que como una forma de democratizar el espacio laboral. Casi el 80 por ciento jerarquiza la preservación de la fuente de trabajo como el criterio distintivo en su valoración. En cambio, sólo el 20 por ciento restante funda su criterio en la gestión democrática en manos de los trabajadores. De esta manera, “el trabajo digno”, el valor del trabajo como medio de obtención de las condiciones de vida y como elemento identitario, es la clave para entender este apoyo social a la recuperación de empresas. En un país signado por la cultura del trabajo, reabrir empresas, en el contexto de la intensa crisis social que había elevado la tasa de desempleo a niveles inéditos para su historia reciente, concitó una fuerte legitimidad social. Dicha legitimidad perdura hasta nuestros días, aun cuando los niveles de desempleo hayan descendido significativamente.

Apoyatura en la misma tesitura encontramos cuando interrogamos a los encuestados acerca de la forma emblemática de acción directa que constituye el proceso: la toma u ocupación. El 86 por ciento considera justo que trabajadores de una fábrica que está por cerrar la ocupen para ponerla a producir. Es nuevamente la defensa de la fuente del trabajo (65 por ciento) el criterio que legitima la acción. En tensión con el derecho de la propiedad, relativizándolo en lo atinente a bienes lucrativos, se impone el valor del trabajo. Los trabajadores son acreedores de una solidaridad social que legitima alterar la relación de propiedad –si fuera necesario– para defender su fuente laboral. En menor medida, la falta de otra alternativa de elección y por ende de decisión moral, “no hay otra alternativa”, legitima su acción (20 por ciento). Nótese que acá también el trabajo aparece como horizonte implícito: perder el trabajo no es una alternativa posible. Otra respuesta convierte al trabajo en la fuente de la propiedad, señalando que es justa la ocupación o toma de la fábrica, ya que “les pertenece porque es fruto de su propio trabajo” (15 por ciento). Así, el esfuerzo de los trabajadores y el trabajo adeudado fundan la legitimidad de la toma del establecimiento.

Finalmente tenemos que destacar un hallazgo central. La inmensa mayoría de la población, más del 80 por ciento, considera que una empresa dirigida exclusivamente por trabajadores puede funcionar económicamente, o dicho de otra manera, que la autogestión por sí misma no implica ineficacia económica. La función de dirección, lejos de ser un atributo naturalizado del capital, es también concebida como atributo posible de la organización de los trabajadores. La experiencia y los conocimientos que ellos poseen, junto al estímulo que representa el “trabajar para sí mismos”, destacan en la población encuestada como los principales elementos que avalan esta percepción. Desconocemos en qué medida las empresas recuperadas han servido para desnaturalizar la función de dirección como atributo del capital, o si esto era un elemento preexistente. Pero es claro que esta experiencia representa un ejemplo emblemático en esta dirección. Experiencia no exenta de problemas y desafíos, pero que ha logrado preservar y crear puestos laborales, revertir procesos de pauperización, modificar legislaciones y contar con un significativo impacto cultural.

Como decíamos, lejos de ser un elemento fugaz, las empresas recuperadas llegaron para quedarse. Esto se corrobora incluso en las expectativas de la población. Más del 40 por ciento señala que en el futuro las empresas recuperadas van a ser más que en la actualidad, y el 29 por ciento cree que el número de estas unidades productivas se sostendrá. Por supuesto, que estas expectativas se materialicen dependerá de muchos otros factores. Entre ellos, del futuro económico del país y de en qué medida la experiencia pueda ser recuperada por los sectores populares y progresistas en la construcción de una Argentina post-neoliberal.

* Director del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).

** Observatorio de Empresas Recuperadas y Autogestión (IIGG-UBA).