En 2005, Tullio Zembo, como representante de los bonistas italianos medianos y chicos, recomendó no entrar en el canje y seguir peleando por una mejor oferta para los tenedores de títulos de deuda argentina en default desde 2001. Sus gestiones mano a mano con las autoridades argentinas derivaron, primero en una sospecha y luego en una investigación, acerca de cuál fue el momento y con qué conocimiento de situación los bancos italianos intervinientes habían vendido los títulos argentinos a los ahorristas de su país. A partir de allí, cambió la estrategia de este grupo de pequeños y medianos ahorristas.

“El trabajo de averiguación que hicimos entonces nos llevó a concluir que esos títulos de deuda de países en problemas, como Argentina en 2001, no podían ser vendidos a cualquier ahorrista sino que debían negociarse entre instituciones financieras”, recuerda Zembo, en diálogo con Página/12. “Como entidades defensoras de los ahorristas, empezamos a atacar a los bancos, porque consideramos ilegal que le hayan vendido a pequeños ahorristas y jubilados esos bonos, que no podían contar con la información suficiente sobre el riesgo. Era evidente que en 2001, cuando se vieron venir encima la crisis argentina, los bancos vendieron todos estos títulos al público minorista.”

Como consecuencia de la ofensiva de los ahorristas, los bancos constituyeron una entidad que los defendiera y, a su vez, devolviera el ataque contra Argentina, poniendo al frente a Nicola Stock, un lobbista contratado por la Asociación Bancaria Italiana y creador, junto a otros referentes fuertes de los fondos buitre como Paul Singer, de la Task Force Argentina, una organización encargada de las operaciones de presión contra el país.

La reapertura del canje en 2010 fue motivada principalmente por la intención de darles “una segunda oportunidad” a bonistas medianos como los de Italia y Alemania, en la situación arriba descripta. “A esa altura éramos conscientes de que los bancos eran los responsables. Hubo muchos juicios contra las entidades, pero no a todos los ahorristas les resultaba fácil una acción judicial. Fueron cerca de medio millón de ahorristas perjudicados, pero pocos fueron a juicio. Algunos lograron el resarcimiento, otros siguen esperando. Pero para todos los que tenían bonos argentinos en 2010, la recomendación fue aceptar el canje.”