Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitieron ayer sendos comunicados en rechazo a la denuncia penal presentada por el Grupo Clarín contra un grupo de periodistas por incitación a la violencia.

“El Grupo Clarín tiene todo el derecho de defenderse”, señaló la SIP, pero “no debería demandar a periodistas por lo que informan u opinan porque, en ese caso, atenta contra su libertad de expresión”, sostuvo en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Para Paolillo, también director del semanario uruguayo Búsqueda, aun como “testigos”, estos periodistas no pueden ser forzados a aportar ningún tipo de información a la Justicia.

Por su parte, Adepa recordó “la inconveniencia de judicializar innecesariamente el trabajo de la prensa”, porque ello “puede condicionar el libre ejercicio de la actividad y plantear un contexto de violencia moral que termine actuando como mecanismo indirecto de censura previa”.

Bajo el título “No debe judicializarse la política”, los editores de diarios dieron a conocer un comunicado “ante la polémica generada por la denuncia penal iniciada por el Grupo Clarín por supuesta incitación a la ‘violencia colectiva’, en la que se menciona a un grupo de periodistas”.

Al respecto, hizo saber que “la labor de la prensa está sometida a eventual análisis judicial posterior sólo en caso de que, en ejercicio de la libertad de expresión, se haya cometido delito o se haya causado daño civil”. Adepa también recordó que “los periodistas no deben ser citados como testigos para revelar las fuentes informativas”.