El proyecto presentado por el PRO sobre la regulación y reestructuración del sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que intenta ser aprobado por la Legislatura porteña muestra una doble estrategia, política y mediática, que tiene como resultado una nueva victimización para no asumir sus responsabilidades. En primer lugar, el modo en que nos enteramos sobre el contenido de esta iniciativa es de una gran desprolijidad por parte del PRO, ya que fue difundido públicamente sin haberlo presentado. La estrategia del PRO es altamente provocativa, al presentar el proyecto 11 días después de que Macri nos citara a los presidentes de bloque y dijera que nos iba a dar los insumos necesarios y el proyecto de ley para discutir y generar un ámbito permanente que nos permitiera traer propuestas alternativas o superadoras para un esquema de transición ordenada y prolija. Lo que terminaron haciendo es un raid mediático previo a la presentación del proyecto, instalando temas de gran envergadura como el aumento de tarifa y de impuestos, penalizaciones sobre los trabajadores, que los aumentos salariales recaigan sobre los usuarios y limitación del derecho de huelga, congelamiento de vacantes y extensión horaria. Lo único que generaron es un marco de rechazo total y absoluto, preparando el terreno para victimizarse una vez más y eludir sus responsabilidades. Con este proyecto, el macrismo está condicionando y extorsionando de manera tal que si no se toman dichas medidas, la transferencia es inviable. Se plantea, de esta forma, la ideología del castigo, tanto hacia los trabajadores como hacia los usuarios. En su redacción, el proyecto en lugar de tener la amplitud necesaria para volcar todas las ideas, tiene como espíritu y núcleo principal el castigo. En este intento por tomar las riendas del subte, el costo lo pagan los trabajadores y los usuarios. Por ejemplo, el artículo 31 señala que “la totalidad del incremento de la tarifa técnica que surja de los aumentos salariales será directa e inmediatamente trasladada a la tarifa al usuario”. Entendemos que este punto es un despropósito en el cual los usuarios terminarán pagando las resoluciones de las paritarias. Por otro lado, la mención del subte como “servicio público esencial” no menos de trece veces en el texto del proyecto reviste una intencionalidad vinculada al disciplinamiento de los trabajadores. La propia OIT ha excluido al transporte en general como susceptible de ser declarado servicio esencial, por lo que los argumentos del macrismo no tienen validez. Y respecto al caso de los subterráneos la OIT ha expresado, además, que “el transporte de pasajeros y mercancías no es un servicio esencial en el sentido estricto del término” (566, caso 1679, Argentina).

Asimismo, la idea de limitar el derecho de huelga de los trabajadores del subte es una postura arbitraria, que no tiene antecedentes que hayan sido convalidados judicial o legalmente. Es totalmente cavernícola y anacrónico; justamente cuando me tocó ser secretario General de APA en el ‘91, Corach presentó el 17 de octubre el decreto para reglamentar y limitar el derecho a huelga de los trabajadores del transporte público, y presentamos los amparos y las denuncias correspondientes ante la OIT a través del Comité de Libertad Sindical, que nos dieron la razón en 1994. De esta manera, la discusión quedó saldada. Y hoy, con este proyecto de ley, están retrotrayendo la discusión a 20 años atrás. Cuando la sociedad actual pretende caminar en la ampliación de derechos, se quiere instalar naturalmente en la agenda pública la limitación del derecho de huelga para los trabajadores del transporte. Parece mentira que esta ley PRO, tenga en su letra la misma esencia que la histórica ley de Flamarique de reforma laboral.

La instalación mediática de los puntos polémicos del proyecto, con un carácter efectista, espasmódico y altamente confrontativo, que gran parte de la oposición no acompañaría, genera un paraguas en el cual la responsabilidad del traspaso sigue quedando en otras manos, en este caso, de nosotros como legisladores.

Los recursos existen y la Legislatura tiene disposición, porque creemos que cuanto más se democratice, más información y transparencia existan, se podrá llegar a un subte moderno, seguro y que cumpla las expectativas de usuarios y trabajadores.

* Legislador de Buenos Aires para Todos.