Uno de los miembros de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados está bajo investigación por cohecho. Se trata del camarista de Casación Penal Eduardo Riggi, uno de los “esperpentos” por cuya designación renunció en 1992 el entonces ministro de Justicia Carlos Arslanian. La causa es una derivación de la que instruyó la jueza Wilma López por el asesinato de Mariano Ferreyra en octubre de 2010, que hoy está en la etapa de juicio oral. En las escuchas telefónicas ordenadas a raíz del crimen aparecieron una serie de comunicaciones en las que el dirigente ferroviario José Pedraza ofrecía sobornos para que la Cámara de Casación Penal dejara en libertad a los primeros miembros de la patota detenidos por el homicidio y no avanzara sobre él. El propósito era que la causa por el asesinato llegara en apelación a la sala III de la Cámara de Casación. Luego de regatear la cifra, el agente de Inteligencia encargado de contactos judiciales Juan José Riquelme le aclaró a Pedraza que no eran pesos, sino dólares: “Verdes”, aclaró. Los recibiría Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de Riggi en la Cámara, y se encargaría de encaminar la causa el prosecretario de Casación e hijo del camarista homónimo Luis Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, que sorteaba a qué sala iba cada expediente. La causa ingresó como se había pedido “a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, según el mensaje de Riquelme a Stafforini. A raíz de las escuchas, la policía llegó al estudio de Aráoz de Lamadrid en cuanto Stafforini dejó allí un sobre con 50 mil dólares, que fueron incautados. El juez Luis Rodríguez demoró todo lo que pudo la resolución, que recién adoptó cuando la negligencia puso en peligro su ascenso a juez federal: procesó a Pedraza, a Stafforini, (quien aportó el dinero para el soborno); a Riquelme; a Aráoz de Lamadrid y a Ameghino Escobar, pero no encontró pruebas para incriminar a Riggi. Ese fallo fue confirmado hace un mes por los camaristas Julio Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Matías Pinto, pese a que dieron por probada la relación de más de una década del camarista con Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar y el vínculo de intimidad de Riggi con Riquelme, por lo que “la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”. La fiscal de cámara subrogante Mónica Cuñarro detectó que la relación de Aráoz con Riggi es aún anterior: fue su relator hace más de veinte años en el fuero penal económico. Y más íntima: cuando Aráoz de Lamadrid fue designado juez federal subrogante, su primer acto fue nombrar como secretaria a la hija de su protector, Laura Riggi. Luego de varios años como juez subrogante volvió a la profesión y la primera factura que emitió fue como defensor de uno de los miembros de la patota ferroviaria en esta causa. También estableció que Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. Lo único que falta para cerrar el círculo es el peritaje informático que determine cómo fue manipulado el sorteo o si se cambió el sistema para destruir la prueba. La Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien firmó la declaración de jueces que cuestionaron el documento corporativo y no asistió a la cena del viernes, respalda la investigación. Además de designar a Cuñarro como fiscal de Cámara subrogante (quien para esta causa trabaja con dos secretarios letrados) también nombró como fiscal coadyuvante de primera instancia a Fernando Fiszer, quien instruyó la causa por el crimen de Mariano. Las presiones para que la investigación no avance son tan fuertes, que sólo la Corte Suprema de Justicia podría impedir un escándalo, preservando la prueba y supervisando el peritaje.