La decisión de la Corte Suprema de mantener la vigencia de la medida cautelar y rechazar el per saltum presentado por el gobierno nacional generó malestar y decepción en el kirchnerismo. El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró que la decisión “puede tomarse como un nuevo elemento dilatorio” en la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada hace ya tres años. Sin embargo, y tratando de aportar una cuota de optimismo, aseguró que la ley “será una de las grandes conquistas de 2013”. El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, también cuestionó la decisión del máximo tribunal y al mismo tiempo le reclamó a la Cámara Civil y Comercial que resuelva rápidamente: “Le hará muy bien a la democracia que esto se resuelva cuanto antes; que la Cámara no se tome vacaciones, que se habilite la feria y que los jueces se expidan urgentemente sobre la cuestión de fondo”, señaló Sabbatella, quien rescató, de todas maneras, que la Corte considerara vencidos los plazos para presentar el plan de adecuación voluntaria.

Si bien la definición de la Corte Suprema no implica un retroceso respecto de la constitucionalidad de la ley de medios, en el gobierno nacional tenían otras expectativas depositadas en la decisión del máximo tribunal. En los despachos oficiales contemplaban la posibilidad de que rechazara el per saltum –dado que el fallo del juez Horacio Alfonso había sido a favor del Estado–, pero veían con esperanza que se dejara sin efecto la prórroga de la medida cautelar dispuesta por la Sala I de la Cámara, habilitando así la continuidad del proceso de adecuación de oficio. “Pensábamos que iba a sacar un fallo más equilibrado”, señaló con tristeza un funcionario de primera línea. La continuidad de la medida cautelar, según las mismas fuentes, contradice el criterio establecido por la propia Corte el 22 de mayo, cuando fijó el 7 de diciembre como día de su extinción. El argumento de la “proximidad” de una sentencia definitiva, esgrimido por la Corte, no fue compartido por el kirchnerismo, ya que el tribunal de segunda instancia tiene un plazo para dictar sentencia, pero en la práctica no opera como una exigencia.

“La Corte le dice a la Cámara que en tiempo breve debe resolverlo y que debe dictar sentencia final y esperemos que ese tiempo no supere los dos o tres meses”, señaló Alak durante una conferencia en la ciudad de La Plata. En su texto, la Corte le pidió al tribunal que “se expida dentro de la mayor brevedad posible” pero a diferencia de otras oportunidades, no fijó la habilitación de “días y horas”, ni estableció una fecha concreta. Es por eso que tanto Alak como Sabbatella salieron a reclamarle a la Cámara que no se desentienda de aquella recomendación. Saben que, en principio, recién en febrero los jueces Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni comenzarán a analizar el expediente.

En reconocimiento de la escasa receptividad del Poder Judicial respecto de las demandas del Ejecutivo, Alak sostuvo que la Justicia le rechaza “un 90 por ciento” de los planteos, pero que siempre “se obtiene algo”. En este caso, se trata del plazo para desinvertir. Mientras la Cámara había considerado que una vez finalizada la cautelar, empezaba a correr el plazo de un año para que el Grupo Clarín presente su plan de adecuación voluntaria, la Corte ratificó que todos los plazos están vencidos.

Otro planteo que no prosperó, y que despertaba el interés del kirchnerismo, fue el de las recusaciones de los camaristas. La Corte avaló que jueces recusados hayan definido su propia situación, a contramano del dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

“Esta Cámara ha sido receptiva al interés de Clarín y siempre ha fallado en contra del Poder Ejecutivo”, advirtió el ministro de Justicia, quien recordó las irregularidades cometidas en la designación de jueces subrogantes, cubriendo las vacantes con magistrados jubilados y con sorteo a dedo. “Es una desilusión respecto de la Corte porque parecía que iba a enfrentar a las corporaciones, incluso a la propia corporación judicial”, remarcó otro referente del Gobierno.

A partir de esta causa, el kirchnerismo había advertido sobre la connivencia de algunos sectores del Poder Judicial con el poder económico. Para Alak la demora de tres años en la aplicación integral de la ley de medios “demuestra la influencia del poder económico y mediático sobre una parte de la Justicia”.

Ante este nuevo escenario, desde la Afsca adelantaron que seguirán analizando los planes de adecuación voluntaria presentados por los otros grupos de medios, para lo que cuentan con un plazo de 120 días. Según cómo evolucione la causa judicial, resolverán más adelante si es necesario prorrogar la desinversión de los otros medios para equiparar los efectos de la ley para todos los actores.