“En la práctica, los jueces controlan las domiciliarias sólo si lo creen necesario. Pero los patronatos de liberados o instituciones similares no están pensados ni funcionan para garantizar que la persona permanezca en el domicilio (hacen un control socioambiental). Tampoco hay un patronato nacional, sería necesario crearlo, o una instancia de control para todo el país, que dependa de las cámaras, la Corte o el Ministerio de Justicia. Hay en las provincias, fuera de nuestra órbita”, analiza Pablo Parenti, de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración.

En Capital Federal, el Patronato de Liberados es una asociación civil, que recibe fondos de la Corte Suprema y del Servicio Penitenciario Federal. Algunos jueces confían en sus servicios; otros tienen reparos, más aún teniendo en cuenta que un sector de sus empleados protagonizó una importante huelga cuando por un lapso dejó de recibir fondos del máximo tribunal. Hasta hace poco lo dirigía el juez de tribunal oral Hugo Cataldi, uno de los que condenó a Fernando Carrera por la Masacre de Pompeya con pruebas armadas por la Policía Federal.