Cuando los jueces piden custodias para las prisiones domiciliarias generan un problema al Ministerio de Seguridad, donde el planteo es que si un preso en su casa necesita vigilancia, entonces no debería estar allí sino en una cárcel común. A eso se suma un problema de recursos: por cada detenido harían falta unos cuatro uniformados, de modo que sólo para los casos de lesa humanidad se requerirían unos 1200 agentes, algo que es considerado un despropósito.

En la cartera que conduce Nilda Garré advierten que las custodias permanentes en casas de represores pueden tener un efecto paradójico. Esto lo advirtieron en Tucumán. Allí no hay lugar para todos los detenidos en las cárceles comunes, por ende quedan en las casas. La presencia de un policía, explican en el ministerio, a veces se termina convirtiendo en un privilegio: tienen su vivienda custodiada y alguien que les hace los mandados. Hubo un caso, el de Juan Carlos Benedicto, el primer civil acusado por crímenes de lesa humanidad, que estaba en un instituto psiquiátrico, controlado por policías, y de pronto salía casi todos los días al kinesiólogo o al dentista o a comprar pizza, hasta que un día se fue y no volvió más. Luego lo atraparon en Paraguay.

Los ministerios de Seguridad y de Justicia trabajan en un posible programa de monitoreo conjunto con el uso de pulseras electrónicas, pero hasta ahora no han podido avanzar. La experiencia en ciertas jurisdicciones específicas, como la bonaerense, es que no se ha podido aplicar con éxito absoluto, por cuestiones básicas como que no alcanzan las pulseras. En la cartera de Justicia también se hicieron intentos para reformar o crear un nuevo patronato, pero también quedaron en el aire.