EL PAíS
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La inmunidad
› Por Horacio Verbitsky
Luego de su encuentro con Powell, Kirchner voló a Brasilia en reciprocidad con Lula, quien eligió la Argentina para su primer viaje como presidente. La decisión de desarrollar las instituciones políticas del Mercosur, coordinar las políticas macroeconómicas, tender hacia una moneda única, establecer una política común de defensa y seguridad, más la declarada voluntad de ampliar el bloque con la incorporación de Venezuela y los demás países andinos, intentan crear un contrapeso a la mono-hiperpotencia emergente en la postguerra fría. La primera prueba es inminente.
La Cámara de Diputados devolvió al Poder Ejecutivo la solicitud de autorización enviada por Duhalde en las últimas horas de su mandato transitorio, para un ejercicio aéreo en Mendoza con los Estados Unidos. Invocó un detalle formal, que podría haberse subsanado de otro modo, un error en la fecha. En los contactos entre los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores en procura de una respuesta razonable, la preocupación no estriba en la realización en sí del ejercicio, sino en la inmunidad diplomática solicitada para todo el personal civil y militar estadounidense que participe. Se entiende. Esta semana el gobierno de Estados Unidos amenazó con remover de Bruselas la sede de la OTAN, en protesta por la ley de jurisdicción universal que permite juzgar en Bélgica crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar del mundo. Debido a la presión estadounidense, Bélgica ya había modificado la ley, de modo de permitir al gobierno el rechazo de acusaciones que respondan a motivos políticos. Tal excepción se aplicó hace pocas semanas cuando el gobierno desestimó una acusación de ciudadanos iraquíes contra el jefe de las fuerzas estadounidenses en Irak, general Tommy R. Franks. Sin embargo, el ministro de Defensa Donald Rumsfeld exige la lisa y llana derogación de la ley.
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por 12 votos y sólo 3 abstenciones la resolución 1487 que protege “por un período de 12 meses, eventualmente prorrogable, a todos los participantes en operaciones de mantenimiento de la paz provenientes de países que no hayan firmado el Tratado de Roma”, sobre el que se basa el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Las únicas abstenciones fueron las de Francia (que hubiera podido vetar la resolución), Alemania y Siria. El Secretario General Kofi Annan se había opuesto, con un argumento principista (se erosionará la autoridad del Tribunal Penal Internacional y la propia legitimidad de las misiones de paz) y otro pragmático (no es necesario, dado que nunca algún miembro de esas misiones fue juzgado y porque, vayan donde vayan, sólo están sujetos a la jurisdicción de su país de origen). Además, Gran Bretaña, España, Italia y Bulgaria aceptaron la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, concediendo la inmunidad a sus ciudadanos. Washington consiguió la primera resolución hace un año, bajo amenaza de retirar sus tropas de la fuerza de paz en Bosnia. Ni siquiera tuvo que recordarlo ahora. A la luz de este precedente, el único camino que se le abre a la Argentina es acordar una posición con Brasil, tanto para negar la inmunidad como para concederla y, en cualquier caso, compartir los costos.
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