El informe de la Comisión de Derechos Humanos del Obispado tiene el aliento del Nunca Más de la Conadep. Los casos se van acoplando uno a uno en un tendido de hojas donde se acumulan 100 retratos. El informe reúne los casos denunciados por las Madres del Dolor, agrupación que fue creciendo con el impulso del obispo Gerardo Sueldo, uno de los hombres que perdió la vida en un supuesto accidente durante el gobierno de los Juárez. La agrupación trabaja desde el ‘98 intentando el esclarecimiento de los casos y denunciando a la institución policial y a la Justicia que sostiene la trama de impunidad sin avanzar sobre la investigación de los casos.
Caso Pedro Brandan: desapareció el 6 de junio de 1992. Fue secuestrado en un camión de su propiedad. Lo único que apareció fue el acoplado. La causa fue tramitada por el juzgado del crimen de la ciudad de La Banda, el expediente desapareció en la policía. La acusación está dirigida al Instructor de la Policía de Santiago del Estero, Pedro Villareal.
Caso Emilio Dardo Tolo Arias: fue asesinado en la ciudad de Quimili a sólo 200 metros de la seccional policial de esa localidad. Lo mataron con un “itín”, una varilla con la que le propinaron golpes en la cabeza. La causa lleva dos años paralizada.
Caso Ruben Godoy: tenía 26 años, trabajaba como changarín de albañil en la localidad de Selva. El 26 de abril de 2003 terminó internado después de unos golpes en la calle. Cuando estaba en el hospital, dos policías convocados por el director del sanatorio deciden llevárselo a la seccional por disturbios. Al día siguiente, la policía cita a su familia para anunciarles que lo habían vuelto a internar, esta vez con un cuadro de coma 3. Lo derivaron al Hospital José María Cullen, un centro de mayor complejidad para operarlo. Ruben permaneció una semana en coma antes de morir.
Caso Ibáñez: el 12 de diciembre de 1994, Aníbal Oscar Frías entró a su casa rompiendo las puertas y disparando sobre los dos hijos de Mercedes Asunción Guayana. Usó una escopeta de la repartición de policía. Las balas cayeron sobre los pies de Víctor y entraron en la espalda de Angel Alberto donde se instalaron 14 perdigones. El imputado es pariente del jefe de policía de la comisaría 1ª de Santiago. Las pruebas de la investigación fueron borradas, cuando alguien hizo desaparecer misteriosamente el arma. Frías estuvo prófugo hasta el ‘99 cuando quedó detenido. Aunque lo condenaron a 9 años de prisión ahora goza de los beneficios de la salida transitoria.
Caso Omar Rojas: fue detenido el 18 de marzo de 2000 por la policía de la seccional 8ª de Santiago, por una supuesta medida preventiva. Dos horas después, desde la seccional llamaron a su madre, Petrona Belloso, para avisarle que su hijo se había suicidado. La seccional estaba al mando del subcomisario Navarrete. En la investigación se hicieron reconstrucciones de las que no participó su familia. Cuando le preguntaron al juez los motivos, respondió que era solamente porque se trataba de un suicidio.
Caso María Fernanda Mendieta: el 1 de diciembre de 1996 muere en un accidente contra un auto manejado por un policía. Su caso está en la comisión de Prevención e Investigaciones de Violencia Institucional de la Nación. En Santiago la causa está a cargo del juzgado del crimen de segunda nominación. Durante la investigación, se adulteró el nombre del policía implicado y en su lugar pusieron a otro de rango inferior.
Comisario Mayor Juan Felipe Bustamante: en el informe existen cuatro denuncias por torturas físicas y psicológicas de abril de 1999. Los denunciantes son Jorge Corvalán, Héctor Humberto Campos, Luis Ernesto Díaz, Sergio Rolando Paz y Jorge Eduardo Vidal. Bustamante era jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5. Tiene causas abiertas en la Justicia, es uno de los hombres del círculo más cercano de Antonio Musa Azar.