Los anuncios sobre reformas al Poder Judicial sorprendieron a propios y extraños. Los más relevantes fueron diseñados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace un culto del sigilo y la falta de filtraciones. Cuando tirios y troyanos descontaban “la ley sobre el Impuesto a las Ganancias”, la mandataria se mostró mejor informada y anotició que hay una norma vigente que impone que los jueces lo paguen. El único obstáculo es una Acordada de la Corte Suprema menemista que estipuló un pagadiós sectorial. Así las cosas, quedó claro que debe ser la actual composición de la Corte (incomparable con aquella por su desempeño y su honestidad) la que tome el toro por las astas. Sería una gran noticia para el presidente Ricardo Lorenzetti si eso no ofreciera el riesgo de ponerlo de punta con magistrados celosos de sus canonjías.

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La elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura tampoco estaba en los papeles de nadie. Las denuncias de inconstitucionalidad no se hicieron esperar. Judicializar es una costumbre –a menudo mala– que cunde mucho más allá de la Argentina, por acá es plaga. Sin embargo, la Constitución no parece desautorizar el mecanismo y, según su propio texto, nadie está limitado para hacer (o legislar) lo que ella no prohíbe. Claro que para abrir juicio definitivo habrá que conocer el texto y los alcances del proyecto de ley.

En confidencia, Lorenzetti opina hace años que el Consejo no funciona y que es lógico que sus integrantes sean políticos, porque política es su función. Hay ejemplos en el derecho comparado, incluso en Europa: nada es como el dulce de leche, genuino invento argentino.

El oficialismo seguramente entrará pronto el proyecto de ley y tiene las mejores chances de lograr su aprobación. Los efectos demorarán lo suyo ya que el Consejo se renueva parcialmente recién el año que viene. O sea, por mucha reforma que haya será difícil que impacte fuertemente durante el mandato de la Presidenta.

Otro tanto puede decirse de la formación de tres nuevas cámaras de Casación. La finalidad, expuso la Presidenta, es garantizar una instancia más que alivie a la Corte del tropel de expedientes que entran. Los cortesanos rezongan por el aluvión, que les resta tiempo para concentrarse en los expedientes más importantes. Pero, a la vez, decidir muchas causas es poder potencial, del que no es tan sencillo desprenderse. El mejor argumento para cuestionar la creación de esa tercera instancia es que puede acentuar la prolongación de los trámites.

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Fue una semana movida en el Poder Judicial, acaso única en su historia. Comenzó con un discurso de Lorenzetti, quien dibujó una fecha para hablar antes del memorable encuentro en la Biblioteca Nacional. Ahí se debatió mucho más que un haz de medidas, en el natural desorden de una convocatoria novedosa para personas poco habituadas a discutir en público. El entusiasmo matizaba el tradicional empaque de jueces y funcionarios. Se puso en tela de juicio la cultura del Poder Judicial: el secretismo, la jerga, los títulos nobiliarios, el predominio del procedimiento escrito. También cuestiones más terrenas, como los magistrados que aceptan prebendas de partes cuyos juicios sentencian. Se fustigó a fueros enteros que están al servicio de intereses privados concentrados.

La mayoría de los concurrentes reaccionan motivados por la consigna lanzada por la Presidenta. Pero no son militantes ni seguidores acríticos. Seguramente, con una mayoría llamativa de penalistas apegados al garantismo constitucional, cuestionan la crítica demasiado indiscriminada a las excarcelaciones que formula asiduamente la Presidenta y repitió el viernes.

Un aire cismático y renovador recorrió la Biblioteca. Lorenzetti cometió un error, impropio para su astucia. Trastocó el equilibrio que alega y busca sostener. Menoscabó la reunión en su discurso. Nada le costaba saludarla, como un aporte a los debates republicanos, sin comprometerse más. Era una manera elegante de contener al conjunto, prefirió sesgarse. De su lado quedó lo peor del Poder Judicial. La Corte está por encima de ellos, esta vez se colocó al costado.

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Una vez abierta la puerta a la polémica democrática, es difícil clausurarla. Las propuestas presidenciales van en pos de un cambio de paradigma, son una novedad pero no agotan los cambios legislativos posibles. Ni tampoco relevan al Ejecutivo de sus deberes, como estar al día con los nombramientos o cumplir las sentencias firmes.

Algo insinuó Cristina cuando habló de los códigos procesales. El kirchnerismo impulsó un Código de procedimiento penal muy valorado por juristas y jueces de buenas credenciales. Luego lo durmió, sería hora de resucitarlo.

Ya que estamos, el cronista agrega la necesidad de establecer el juicio por jurados (no para todas las causas pero sí para algunas muy relevantes), un modo clavado de sumar a los ciudadanos a la función judicial. Durante añares, los abogados fueron un núcleo refractario a ese mandato constitucional, que lleva más de siglo y medio. La mayoría de voces favorables en la Biblioteca es otro signo acerca de que algo está cambiando. No empezó el miércoles, ni cuando la Presidenta habló de “democratizar la Justicia”, pero esa voluntad catalizó energías y actores minoritarios o hasta acallados. Con todas las diferencias del caso, algo similar ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.