¿Cuánta prueba hay para indagar a los iraníes? Esa parece ser la gran pregunta. El fiscal Alberto Nisman tendría preparado un relevamiento de las evidencias que existen contra cada uno de los cinco imputados que, si todo sale bien, serían indagados en Teherán. Una primera mirada a lo que se conoce de la causa es que no será fácil probar la participación de tres de los acusados, es dudoso lo que hay sobre un cuarto y se supone que la mayor carga de la prueba pesa sobre el ex agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani. Nisman sostiene que fue el gran armador del atentado, mientras que el jefe operativo fue un colombiano, convertido al Islam, Samuel Salman El Reda, casado con una secretaria de Rabbani.

Desde hace varios meses, el fiscal está por presentar un nuevo dictamen orientado básicamente a comparar el atentado contra la AMIA con otros ataques perpetrados en el mundo. El anuncio fue hecho varias veces, incluso hubo adelantos de los dirigentes de la comunidad judía. Nisman demoró la presentación para que no apareciera en medio del debate instalado por el memorando, pero su postura es que Irán produjo otros atentados y que siempre utilizó la misma matriz de comportamiento. La cuestión no es sencilla, en primer lugar porque lo que hay que probar es que los cinco imputados –ellos específicamente– participaron del ataque contra la AMIA. El otro contrapeso es que se señala que gran parte de las acusaciones fueron elaboradas esencialmente por los servicios de Inteligencia, el Mossad israelí, la CIA norteamericana y la SIDE argentina, con fuertes inclinaciones geopolíticas de los dos primeros y una estrecha relación de la SIDE con esas agencias.

Respecto de los tres funcionarios de mayor rango –el ex ministro de Información, Ali Fallahian; el ex comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohsen Rezai, y el ex comandante de la fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi, hoy ministro de Defensa– Nisman hasta ahora centraba la acusación en que participaron de una cumbre en la ciudad de Mahshad, en Irán, en la que se decidió el atentado. También estuvo el entonces presidente del país, Alí Rafsanjani, que por su alto cargo no fue englobado en las alertas rojas. Probar que en una cumbre se decidió un atentado es difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que no hay testigos presenciales que lo afirmen. La base son arrepentidos que son opositores al régimen de Teherán y que hoy viven en el exterior. El testigo estrella, Abolghasem Mesbahi, no sólo declaró en la causa AMIA, sino que lo hizo ante un juez de Nueva York diciendo que Irán tuvo participación decisiva en el atentado contra las Torres Gemelas. El magistrado neoyorquino acusó entonces también a Irán por el 11 de septiembre.

Respecto del cuarto imputado, el tercer secretario de la Embajada de Irán en la Argentina en la época del atentado, Ahmad Asghari, tampoco está muy clara la evidencia, aunque Nisman prometió dar precisiones en las próximas semanas. Asghari era muy joven en la época y tenía un cargo poco relevante, pero estaba en la Argentina. Es decir que si hubo participación diplomática, el fiscal fundamentará que Asghari fue parte del plan.

La parte más voluminosa de la investigación de Nisman tiene que ver con un hombre que supuestamente coordinó el atentado con un celular brasileño, desde la Triple Frontera, a nombre de André Márquez. Ese celular empezó a ponerse en funcionamiento el 1º de julio de 1994 y dejó de funcionar, en Ezeiza, el 18 de julio de 1994. Nisman está convencido de que se trata de El Reda, porque tiene llamadas con la secretaria de Rabbani y con teléfonos de supuestas oficinas de Hezbolá en El Líbano. El ejecutor del ataque, el suicida, habría sido Ibrahim Berro, también libanés, respecto de quien Hezbolá hizo una ceremonia fúnebre sin el cuerpo presente. Nisman dice que eso ocurrió porque se inmoló en Buenos Aires en la camioneta que se incrustó en la AMIA, los hermanos –que viven en Estados Unidos– lo niegan. No está claro cómo y con qué nombre entró en la Argentina. Por entonces, entrar de incógnito por la frontera no era tan difícil, pero no hay rastros precisos de la presencia de Berro en el país.

Más allá de estos elementos, lo más trabajado por el fiscal, lo que permite alentar expectativas, es la pista que conduce a Ra-bbani. La SIDE lo fotografió en 1993 preguntando precio por camionetas, como la usada en el atentado, en la Avenida Juan B. Justo. Lo hizo con la vestimenta ritual, algo que no parece lo más adecuado si se está pensando en usar el vehículo para un ataque. El otro elemento es que su celular se activó cerca de la sede de la AMIA aquella mañana del 18 de julio de 1994.

Si en Teherán, Nisman logra sostener esta acusación, será un inmenso paso adelante. No sería una evidencia contundente de la participación del régimen, pero sí de un hombre de su embajada en Buenos Aires. En el caso del atentado en Lockerbie contra un avión de Pan American, después de muchísimos años, Libia aceptó entregar a juicio a dos hombres de su servicio de Inteligencia. Uno fue absuelto, el otro condenado. El problema en aquel caso y también en el de la AMIA es la calidad de las pruebas.

Como lo señaló la Presidenta el viernes, es muy difícil esclarecer un caso en el que se trabajó mal desde el principio. Y si hoy existe un punto de acuerdo que abarca al oficialismo, la oposición y las instancias judiciales, es que la causa AMIA fue muy mal investigada desde el primer día. La responsabilidad era, en primer lugar, del gobierno de Carlos Menem, de sus organismos de seguridad –Policía Federal, Gendarmería– y de Inteligencia, la SIDE. En el segundo nivel aparecen las culpas del juez y los fiscales, que conducían la pesquisa, pero que no eran expertos en investigar atentados, sino en leyes. El Tribunal Oral del caso AMIA selló su fallo con una frase lapidaria: “Fue una investigación de pistas falsas, armada al servicio de políticos inescrupulosos”.