En una evidente respuesta a las críticas de Cristina Kirchner, la Corte Suprema difundió las estadísticas de todos los casos que resolvió en 2013, que dan cuenta de que de 14.805 expedientes ingresados se resolvieron 9457. En la presidencia del tribunal señalaron que se puede seguir por Internet el trámite de sus causas, que los supremos están a favor de la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces (pero contra la difusión por la web de datos personales que puedan afectar su seguridad y la de su familia) y que alientan el ingreso por concurso al Poder Judicial, pero dudan sobre cómo implementarlo. La idea de que el pueblo vote a los miembros del Consejo de la Magistratura sorprendió.

El tribunal difundió un comunicado específico alusivo a la causa sobre el atentado a la Embajada de Israel. La Presidenta había dicho que no hay información sobre la voladura. La Corte señaló que en 1999 hubo una sentencia “sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad” de Hezbolá, y que en 2006 se reiteraron pedidos de captura de terroristas. “Las partes intervinientes no expresaron disconformidad con la investigación”, afirma el tribunal.

“Salen fallos y no sabemos por qué algunos fallos o algunas cuestiones están años por allí en la Corte y otras salen más rápido”, había dicho la Presidenta, y propuso “que todo el mundo sepa cuáles son las causas”. Cerca de Lorenzetti replicaron que se pueden conocer los expedientes en trámite y en qué despacho supremo están; que es cierto que para que lo mismo ocurra en instancias inferiores falta informatizar; que la Corte no está desbordada de trabajo, ya que redujo el volumen de causas, que en 2005 eran 25 mil anuales y ahora “está como la Corte de Estados Unidos”.

Por lo pronto, algunos supremos dicen que no tienen nada en contra de la creación de cámaras de Casación en tres fueros, pero habrá que ver el proyecto. Dicen que quieren hacer concursos para entrar a trabajar en tribunales, al cargo más bajo, aunque no lograron reformar el Reglamento para la Justicia tras meses de discusión. Aseguran, además, que aplican la Ley de ética pública, por lo que los jueces presentan declaraciones juradas, aunque no están a favor de difundirlas por Internet con datos personales. Se sorprendieron con la propuesta de elección popular de consejeros de la Magistratura, entre ellos los jueces. Algunos no conciben la idea de un juez haciendo campaña política para que lo voten.

Otro comunicado refutó cifras publicadas por este diario, que daban cuenta de 111 condenas pendientes de confirmación en la Corte en causas de derechos humanos. El tribunal informó que al 28 de febrero “tenía 56 recursos, diez de los cuales correspondían a sentencias condenatorias”, mientras que ayer se resolvieron once planteos.