La descentralización educativa contó, en su momento, con numerosas adhesiones bajo el pretexto de la modernización y otras falacias. Los gremios docentes encabezaron la resistencia. Forjaron conciencia, que fue cuajando en políticas públicas. El kirchnerismo hizo mucho por reparar el daño, renacionalizando en la medida de lo posible. La ley de financiamiento educativo y la paritaria nacional docente son pilares de esa política encomiable, que ahora afronta una encrucijada. Algo debe reencauzarse, con las complicaciones del caso, cuando a un mes de comienzo del ciclo lectivo hay provincias que casi no han tenido clases. Subsisten conflictos en Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego. En Catamarca, rige la conciliación obligatoria que pone las tratativas bajo un paraguas transitorio.

Buenos Aires es el territorio más complejo, por la cantidad de pibes y hogares afectados. También por la trabazón de las negociaciones que dan la impresión de estar en un punto muerto, que ninguno de los actores podría desear.

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En el gobierno nacional derivan la responsabilidad a las autoridades bonaerenses y a los sindicatos. La paritaria nacional, explican con razón, demarca un piso para el escalón salarial más bajo y no arma el sueldo docente. Agregan, también con lógica, que un acuerdo tan general no cuenta con los rebusques propios de una paritaria estricta (cambios de categoría, licencias pagas, incentivos, cien etcéteras). Cerca del ministro Alberto Sileoni ensalzan la gestión kirchnerista con las universidades, que sí están bajo su competencia. Se llegó a un acuerdo que se prolongará 16 meses. El año que viene, entonces, no habrá que correr contrarreloj en el verano, época de vacas flacas para el fisco, sino en los meses en los que, cíclicamente, la economía se acomoda (ver asimismo nota principal).

El argumento se puede dar vuelta para mostrar un lado flaco de la gestión nacional en 2013. Se convocó a la paritaria docente tarde y se levantó la mesa demasiado rápido, opina este cronista, laudando una cifra que no contentó a los sindicalistas. En el Palacio Sarmiento replican que el aumento debe contemplar todas las coyunturas provinciales: para muchas otro piso sería impagable.

Vale señalar que los fondos compensatorios para las provincias más rezagadas se mantuvieron fijos, esto es depreciados por la inflación de un año.

De cualquier modo, la mayor responsabilidad recae sobre la gestión de Daniel Scioli. El gobernador no mostró la ejecutividad ni el ánimo conciliatorio de los que alardea ante los medios. Convocó a charlas informales recién después de la terminación de la nacional. No ofertó de entrada ni siquiera el piso obligatorio. Y no convocó a las reuniones técnicas establecidas para una paritaria dendeveras. Pareció hacer tiempo en vez de aplicarse a acordar. Y confió en exceso en su proverbial aptitud para victimizarse un cachito.

Recién en la semana que pasó se sentó personalmente a discutir con los sindicalistas. Acudió a la Corte Suprema bonaerense en pos de autorización para convocar a conciliación obligatoria. Le hicieron lugar, como era previsible. Hay una norma provincial que impide el uso de ese mecanismo en conflictos del sector público, pero la Corte autorizó el apartamiento por no haberse formado aún un tribunal arbitral para discurrir el conflicto. Los docentes anunciaron que no acatarán el fallo, pero es factible que lo hicieran si Scioli acudiera a ese recurso y abriera una mesa estable para negociar.

Los gremios docentes reprochan al gobernador haber atendido mejor a otros laburantes estatales, en parte en el monto de los salarios, en parte por haber hablado con los otros compañeros de horas extras y recategorizaciones, que pueden mejorar el ingreso real sin quedar inscriptas en el porcentaje de aumento salarial.

Scioli se empaca en un argumento fuerte que es el impacto de cualquier incremento en el presupuesto provincial. Lo que no pone en el otro platillo de la balanza es su clásica renuencia a aumentar los impuestos provinciales a los sectores de mayores recursos o a hacerlo con cuenta gotas.

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La mayor crítica a los gremialistas, que se escucha en La Plata y en oficinas de funcionarios nacionales, es que abusan de la huelga como herramienta. No se controvierte su derecho de fondo, la polémica es política. “Paran más que los trabajadores privados y que los docentes de escuelas privadas”, se encolerizan dirigentes kirchneristas y sciolistas, deponiendo por un momento sus choques cotidianos.

La respuesta de los sindicatos, en especial de Suteba, que es el más grande, es que las presiones de las bases son muy fuertes. El observador puede añadir que también los corren “por izquierda” otras centrales gremiales bonaerenses, cuya dirigencia entronca más con el radicalismo pero juega así su partida.

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Es, tal vez, una crisis de crecimiento de un sistema que viene mejorando. Asumirla como tal sería captar que, sin alterar las coordenadas generales, algo debe cambiarse. Las negociaciones permanentes y no esporádicas son, considera este escriba, un imperativo que no zanjará las dificultades pero que ayudará a encauzarlas.

Acaso sea hora de buscar la sintonía fina en aras de mejores resultados del uso del creciente presupuesto educativo nacional, de repensar la carrera docente, de hincar el diente en la escuela secundaria (un problema mundial que cada comarca debe ir desentrañando).

No se puede ya hablar de la foto de hoy, un mes tiene el rango de una secuencia. Nadie puede ser tan conspirativo para creer que ése es el fin buscado, pero la demora en el dictado regular de clases resiente la formación de los chicos y la vida cotidiana de millones de argentinos. También funge de publicidad indeseada a favor de la educación privada que no paga (en general) mejores sueldos, pero que garantiza aulas abiertas. No sería serio pedirles a los gobiernos que sean frívolos con su caja ni, menos, proponerles a los docentes que renuncien a sus derechos y sus conquistas. Pero es forzoso salir del laberinto, que daña al conjunto y, acaso, desnuda la limitación de las tácticas puestas en juego.