La tarea que viene realizando el equipo de investigación de la Comisión Nacional de Valores sobre la responsabilidad civil y el poder económico durante la dictadura viene a cerrar un hueco hasta ahora no atendido en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en esa etapa negra de la vida social de la Argentina. En el caso del Banco Nación, el estudio de los distintos hechos no sólo revela la complicidad en delitos como la extorsión para el apoderamiento de bienes, sino además la funcionalidad que tuvo con el modelo imperante, que pretendía reunir en pocas manos la suma del poder político, económico y militar.

Durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz al frente del ministerio de Economía (1976-1981, es decir todo el período que tuvo a Videla como presidente de facto), la presidencia del Banco Nación fue ocupada por Juan Ocampo. Como el ministro, Ocampo pertenecía a una elite que tenía en el agro y las finanzas su centro de operaciones. Ocampo era accionista principal en el Banco Ganadero, al frente del que había puesto a su hijo, Narciso Ocampo.

Otro de los directores que conformaron el cuerpo de conducción del Banco Nación en aquellos años era Jorge de Prat Gay, miembro del clan familiar que era dueño de Compañía Azucarera del Norte. Podría ser un dato anecdótico si no fuera porque dicha empresa fue ampliamente favorecida por la política crediticia del banco oficial que, según recuerda la documentación recogida por la investigación de la CNV, le otorgó en mayo de 1980 facilidades por 1400 millones de pesos para financiar la producción de azúcares blancos de la zafra de ese año. En la composición del directorio de la Compañía Azucarera del Norte de la época figuraban, al menos, cinco integrantes con el mismo apellido que el director del Banco Nación aludido: Fernando de Prat Gay (presidente), Máximo de Prat Gay (vice), Jorge de Prat Gay (director delegado), Gastón y Amelia de Prat Gay (directores, sin funciones ejecutivas a cargo).

Otro hallazgo interesante de la investigación es una nota dirigida por el subsecretario de Hacienda, Martín Braun Lasala, al directorio del Banco solicitando una cifra de 50 mil dólares para comprar la publicación de una nota en The Wall Street Journal, de Nueva York, en favor de la política económica de la dictadura. Respecto del contenido del artículo, Braun explica que “éste ha de referirse a la descripción de la República Argentina y de su potencialidad en términos generales y al Proceso de Reorganización Nacional y la política económica, en particular. La importancia de la imagen internacional unida al prestigio del medio de referencia han sido apreciados por el Señor Ministro (Martínez de Hoz) como de gran conveniencia para la explicitación de las características propias del proceso político-económico argentino”.

El poder económico también utilizó al histórico Banco Nación en otras formas siniestras para imponer su plan de país y empoderar a quienes lo sostenían. La entidad ubicada frente a la Plaza de Mayo también prestó sus instalaciones para que la Policía Federal lo utilizara como centro de detención transitoria y tortura. La llamada “policía bancaria”, que luego pasó a ser la División de Delitos Económicos, tenía al Banco como eje de operaciones para el secuestro de empresarios y otros “objetivos” relacionados con temas económicos. En esto, el Banco Nación también prestó una funcionalidad cuyos alcances no todos conocen.