Las fiscalías descentralizadas comenzaron como un plan piloto de la Procuradora María del Carmen Falbo y constituyeron un instrumento fundamental para cimentar la santa alianza entre intendentes, policías y fiscales. La primera funcionó en el municipio de Malvinas Argentinas, por un convenio que la Procuradora firmó en 2005 con su intendente Jesús Cariglino, quien con todo gusto se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías, pagar los impuestos y las tasas, proveer el servicio de limpieza, y reducir así la autonomía del ministerio público para investigar sus actos de gobierno. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales de las causas con la mera invocación del denominado “criterio objetivo de distribución de tareas”, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los que en realidad deberían ser llamados fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo. Como parte de esos acuerdos, Falbo separó de la Fiscalía General de San Martín al adjunto Fernando Domínguez, cuyas investigaciones sobre corrupción en contrataciones comunales habían llevado por dos semanas a la cárcel a Cariglino, y lo derivó a una fiscalía de primera instancia a cargo de accidentes de tránsito. Ironías de la vida: la semana pasada el Senado prestó acuerdo para que Domínguez asuma como fiscal federal en San Isidro. Entre otras causas, le tocará la denuncia de Angelini contra Novo, en la que el juez federal de la Capital Ariel Lijo se declaró incompetente y la remitió a la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.