El pedido de detención del juez federal Rodolfo Canicoba Corral contra 46 militares procesados por violaciones a los derechos humanos modificó ayer el ánimo de los integrantes de la comitiva presidencial, que tan contentos habían quedado después de la reunión con George Bush. Fue evidente que el presidente Néstor Kirchner ni su entorno querían que el pedido se convirtiera en la noticia del segundo día de la visita a Estados Unidos, por lo que el discurso no cambió. “Que decida la Justicia”, respondió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Algo a lo que el jefe de la SIDE, Sergio Acevedo, le agregó un matiz importante: “Queremos que se haga justicia en la Argentina”, puntualizó.
A veces, Kirchner mantiene en silencio sus decisiones hasta con su propio entorno. La anulación del decreto de Fernando de la Rúa que impide las extradiciones a militares es uno de esos casos. Hasta los integrantes del círculo más cercano al Presidente imaginaban que a esta altura ese decreto ya estaría anulado, pero eso aún no sucedió. Sus colaboradores sostienen que el Presidente no quiere actuar bajo presión, tal como califica al pedido de Garzón.
En la gira de la semana pasada por Europa, Kirchner dio a entender que tomaría esa medida a la vuelta. “No voy a anunciar fuera del país una decisión así”, justificó entonces. Pero sucedió que el viaje casi pegado a Estados Unidos no le dejó mucho tiempo en el medio y se subió al Tango 01 sin firmar el decreto.
De acuerdo con las opiniones de la gente más cercana al Presidente, puede deducirse que su resolución ideal de la cuestión sea que la Corte Suprema acepte la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que los militares sean juzgados en la Argentina y se torne abstracta la discusión en torno de las extradiciones. Pero los tiempos judiciales no siempre coinciden con los políticos y la orden de detención tomó al Gobierno en el exterior entretenidos con otras cuestiones.
En Cancillería elaboraron su propia línea de pensamiento sobre la cuestión. Están a favor de iniciar una ofensiva en el Congreso para anular las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y para modificar la Ley de Extradición de manera de dejarles a los jueces la opción de detener o no al acusado sobre quien recaiga el pedido del exterior. Actualmente, los jueces están obligados a la detención.
Pero cerca de Kirchner creen que la anulación del Congreso no tendrá ningún efecto jurídico porque prevalecería el criterio de juzgar a los acusados conforme a la ley más benigna. Por otro lado, cuando recibió a los impulsores de las causas por violaciones a los derechos humanos en París, Kirchner fue advertido sobre ese proyecto para modificar la Ley de Extradición. Según los abogados que actúan en Europa, si se deja la opción en manos de los jueces ningún represor será detenido.
Ayer, mientras recorrían el Ground Zero, el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas, los acompañantes del Presidente evaluaban que otra de las razones de Kirchner para no firmar la derogación del decreto fue que un juez se animara –a partir de las declaraciones que suele hacer el propio Kirchner– y lo declarara inconstitucional, como habría amenazado con hacer Canicoba Corral. Si el magistrado lo hiciera, el Gobierno no apelaría. “Le ahorraría tomar la decisión, pero quedaría desprolijo. Menos dudas dejaría si lo anulara y chau”, explicaba el funcionario.