- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “En los últimos años se han enviado desde distintos países varios pedidos para que se extradite a militares argentinos. Sin embargo, hasta ahora, ninguno prosperó. El gobierno del presidente Néstor Kirchner estaría a punto de cambiar esta tendencia al permitir que sea la Justicia la que tome la decisión de extraditar o juzgar en la Argentina. Lo valioso del cambio en la política del Gobierno sería que de un modo u otro se estaría cumpliendo con el principio del derecho internacional, que ordena juzgar o extraditar a los acusados de cometer crímenes contra la humanidad. El margen de decisión política que se reservan los gobiernos frente a los pedidos de extradición debe ceder cuando se trata de crímenes tan graves que afectan a la comunidad internacional. En esos casos la Justicia es la única opción: ni amnistías ni perdones ni garantías de impunidad son admisibles. Esperamos que el Gobierno disponga en breve la derogación del decreto 1581, de modo de no contar con ataduras al momento de recibir el pedido de extradición”.
- Adriana Calvo (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos): “A los ex detenidos desaparecidos nos parece que finalmente este juez ha decidido cumplir con la ley y cumplir con su trabajo. Esperamos que sean detenidos y extraditados a España sin ninguno de los infinitos subterfugios de los que ha hecho uso hasta ahora la Justicia para conservar la impunidad de los genocidas. Nuestro reclamo continúa siendo la nulidad de las leyes de impunidad para que se los juzgue en nuestro país. El Presidente va a tener la oportunidad de demostrar si realmente tiene voluntad política anulando el decreto de De la Rúa y acompañando el 12 de agosto la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el Congreso. Como asociación, nos vamos a presentar como amicus curiae en la causa de la extradición”.
- Enriqueta Maroni (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora): “Estamos en total acuerdo con las extradiciones, ya que creemos que en la Argentina no hay justicia porque están las leyes de impunidad. Mientras no se anulen estas leyes, aceptamos que sean extraditados. Son 26 años en los cuales nosotros estamos en lucha y seguimos preguntándonos qué hicieron con nuestros hijos. Estamos esperanzados en que sea anulado el decreto de De la Rúa. No creemos que esta medida sea un obstáculo para la seguridad de la Argentina. Si se produce, es debido a que acá no ha habido ninguna respuesta a nuestra pregunta por el destino de nuestros hijos”.
- Hebe de Bonafini (titular de Madres de Plaza de Mayo): “No se adónde apunta la detención, si es para extraditarlos o para soltarlos como lo de Margarita Belén. Las Madres somos muy escépticas y con lo de Margarita Belén no creíamos. Tenemos abogados trabajando en España, pero no tenemos ninguna confianza en lo que van a hacer los jueces argentinos”.
- José De Luca (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos): “Esto es una cosa que nosotros estamos pidiendo desde hace tiempo. Es indispensable que se efectúe y esto es por lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo. Aquí se ha bloqueado la Justicia y la posibilidad de juzgar a todos los genocidas del terrorismo de Estado. Seguiremos luchando para que todos los involucrados en crímenes de lesa humanidad tengan el castigo que les corresponde, para que esto nunca más ocurra y para que se curen las heridas abiertas que se generaron en la época del terrorismo de Estado”.
- Luis Zamora (diputado nacional y candidato a jefe de Gobierno porteño por Autodeterminación y Libertad): “Lo que está planteado es la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. El primer recurso que llegó a la Corte es el mío. Kirchner ha dicho que está en desacuerdo con esas leyes y que hay que dejar que actúe la Justicia. Lo que tiene que hacer entonces inmediatamente es anular los decretos de De la Rúa. Además, Kirchner controla el Congreso y cuando quiere sacar una ley la saca. Para ello no necesita mandar un proyecto de ley, porque puede apoyar el nuestro, el que presenté yo por primera vez en 1993. Si se anulan las leyes, se caen las extradiciones, porque el principio es extraditar o juzgar. Yo creo que, habiéndose cometido los crímenes en la Argentina, están dadas todas las condiciones para que se los juzgue acá. Solamente tiene que enviar a su bloque justicialista el 12 de agosto y acompañar la anulación de las leyes”.
- Ricardo López Murphy (ex candidato presidencial y líder del Movimiento Federal Recrear): “Los militares deben ser juzgados en la Argentina, ya que se debe respetar el principio de territorialidad. Los delitos fueron cometidos acá y acá es donde deben juzgados para no convertirnos en colonia judicial de otro país. Con respecto a la detención, quiero ver qué es lo que hace el Presidente con el decreto (de Fernando De la Rúa), si decide o no su derogación, porque por más que un juez decida detenerlos aún no se los puede extraditar”.