Como dicen las viejas crónicas policiales, el genocida con pedido de captura Antonio Bussi desapareció de los lugares que solía frecuentar. “Supongo que está en Buenos Aires”, dijo a Página/12 un sorprendido diputado nacional y habitual defensor del ex dictador, Roberto Lix Klet. La orden del juez Rodolfo Canicoba Corral dejó estupefacto a más de un integrante de Fuerza Republicana. El único que atinó a reaccionar fue Pablo Calvetti, un ex ucedeísta devenido bussista, quien aseguró que “para poder tocar a Bussi antes van a tener que pisotear la Constitución Nacional y las leyes argentinas”. El juez federal sostiene exactamente lo contrario, es decir que Bussi no tiene fueros y que debe ser detenido.
Una vez que se conoció la novedad, los hombres de Bussi intentaron comunicarse con él, pero el genocida no respondió a sus llamados. Lo buscaron en el hotel donde suele recalar cada vez que viaja a Tucumán, ya que desde que abandonó la gobernación tucumana en el ‘99, retornó a su departamento porteño de Avenida del Libertador 2231.
Lix Klet reconoció que su amigo carece de fueros y deberá presentarse ante la Justicia: “Veremos qué se puede hacer”, repetía como desorientado por la rápida decisión de Canicoba. Intuyó que habrá presentaciones, apelaciones, “pero por ahora todas son especulaciones”, indicó.
Calvetti, quien funge de asesor de Ricardito Bussi, hijo del dictador, buscó enredar al gobierno nacional en esta situación. “Veremos qué hace Néstor Kirchner, si defiende las normas vigentes o las pisoteará para permitir que se tome revancha el izquierdismo montonero”, señaló.
De lejos, pero atento, el gobierno tucumano siguió con atención los acontecimientos. Ayer, el ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, aseguró a este diario que la situación de Bussi es complicada. El funcionario consideró que si la detención se prolonga hasta el día que Bussi deba asumir como intendente –el 29 de octubre próximo– el Concejo Deliberante deberá declarar la acefalía del municipio y convocar a nuevas elecciones en un plazo de sesenta días. “El señor Bussi enfrentará una incapacidad fáctica para poder asumir”, dijo Pedernera, para luego agregar que “más tarde o más temprano, la justicia llega”.
Seguramente el genocida no irá a parar con sus huesos a una celda. Sus 77 años le permitirán acceder al beneficio del arresto domiciliario. Los días en su lujoso piso le servirán para recordar cada uno de los hechos por lo que en España esperan juzgarlo.
Bussi deberá responder, por ejemplo, por aquel operativo que realizó una patota del Ejército, que le respondía, el 2 de noviembre de 1976. Entre las dos y las tres de la tarde, unos treinta hombres vestidos de civil llegaron hasta la calle San Lorenzo 1660, ubicada a tan sólo 15 cuadras de la intendencia que ahora Bussi pretende conducir. Con sus autos bloquearon las calles antes de ingresar con sus rostros cubiertos con medias de nylon al domicilio de la familia Rondoletto. Preguntaron por Pedro. Tras identificarlo, lo molieron a golpes. Cuando se cansaron, lo tiraron en una de las habitaciones junto a su madre María y su hermana Silvia. Mientras esto ocurría, otro grupo de la patota subió a la planta alta, donde detuvieron a Jorge Rondoletto y su esposa, Ricarda Azucena Bermejo, de nacionalidad española y que estaba embarazada de cuatro meses. Media hora duró el operativo. A los hombres los pusieron en un auto, a las mujeres en otro. Antes de partir, golpearon con rudeza a Jorge, lo que no evitó que lo obligaran a conducir su auto hasta la Jefatura de Policía. Nunca más aparecieron, se los tragó la dictadura de Bussi.