Si bien la seguridad es una facultad provincial no delegada en la Nación, dos leyes promulgadas para el sistema educativo señalan caminos posibles para constreñir a las provincias a reformar sus policías, que hoy parecen bandas armadas preestatales que, en negociación inestable con el poder político, controlan el territorio de modo informal, corrupto y violento. Una es la de Financiamiento Educativo, que determina pisos mínimos de salario docente y financiamiento nacional a las provincias insolventes. Otra es la de Educación Nacional, que crea un consejo Federal de Educación, como organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional. Tiene múltiples órganos de aplicación, para ejecutar resoluciones obligatorias. Por tradición y decisión política, el gobierno de la seguridad nunca mereció una preocupación equivalente. Los mejores intentos fueron extrainstitucionales, como el de Néstor Kirchner cuando le impuso a Felipe Solá que Carlos Arslanian fuera el ministro de Seguridad bonaerense. Pero ese carácter aleatorio también permitió la contrarreforma sciolista, con sus horrendos ministros Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Qué Boquita Granados. Los programas formales no estuvieron bien encaminados, como el de 2008, de asistencia a los municipios bonaerenses para la compra de cámaras de vigilancia o el de agosto de este año que comenzó con la transferencia de fondos a Buenos Aires para que Scioli licitara 350 patrulleros y continuó con la adhesión de quince provincias. Su ineficacia se demostró en estos días. Pero con las mismas competencias sería posible establecer estándares mínimos de capacitación, reentrenamiento y evaluación profesional, asistiendo a las provincias para que mejoren sus lugares de formación. Esto permitiría retirar de la calle, o de la institución, a quienes carezcan de estándares mínimos profesionales, físicos, intelectuales, éticos o de respeto por los derechos humanos. Equipos mixtos de evaluación podrían proponer planes de mejora profesional, cuyo cumplimiento controlaría el Consejo Federal. Esta injerencia federal puede realizarse por convenio con las provincias, que siempre recurren a la Nación porque no tienen recursos suficientes, como ya ocurre con el equipamiento. El Consejo Federal también puede aprobar normas de actuación en temas como protesta social o uso de la fuerza, evaluar su cumplimiento y en caso de error u omisión enviar equipos a la provincia que se encarguen de aplicarlas. Los protocolos de actuación ante la protesta social fueron aprobados por la ex ministra Nilda Garré, pero nunca se desarrolló un programa serio de asistencia para lograr que las provincias los cumplieran, lo cual hubiera requerido crear cuerpos especiales, seleccionar su personal, fijar su doctrina y entrenarlos de forma permanente, en un centro nacional. Además, el gobierno cordobés declaró que no los aplicaría porque la seguridad en la provincia es autónoma de los lineamientos nacionales. Otro activo del gobierno nacional, que no siempre lo advierte, son las condenas contra el Estado en organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. Muchas veces esos fallos exigen que el Estado federal obligue a las provincias a modificar las lógicas que condujeron a la violación, como en el caso Bulacio, sobre las reglas para la detención de personas. Pero nunca se instaló la comisión que debía encargarse de esa adecuación en todas las provincias. Lo mismo ocurre con los Principios para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos del Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego, de las Naciones Unidas. Cumplir con esas recomendaciones requeriría la existencia de órganos de control independientes, el seguimiento de todas las causas en las que murieron o fueron heridos policías o civiles. El Ministerio de Seguridad reglamentó en 2012 el programa de uso de la fuerza, pero con la sucesión de cambios aún no logró que la Policía Federal lo aplique de modo sistemático. De las provincias, ni hablar. El demorado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, promulgado pero no constitui-do, sería otro instrumento nacional de incidencia en la capacitación y el rediseño de las prácticas provinciales. Por último, aunque tal vez lo más importante, la justicia federal tiene un rol fundamental que cumplir en las provincias, investigando la connivencia de sus policías con las redes de ilegalidad en delitos federales, como contrabando, trata de personas, de estupefacientes o de armas. Así lo demuestran las investigaciones de los fiscales Senestrari y Murray.