Del Informe 2013 presentado por el CELS, dos ejes están dedicados a analizar críticamente los sistemas aplicados de seguridad, especialmente sobre poblaciones vulnerables, y la vida y muerte en las cárceles que, no casualmente, tiene como protagonistas a los mismos integrantes de esas poblaciones. El primero de los ejes analiza la violencia –especialmente la policial, aunque no quita la lupa a otras fuerzas de seguridad–, aplicada sobre poblaciones pobres, en especial jóvenes, violencia que señala como un ámbito de reproducción de las desi-gualdades sociales. Los planes de seguridad y control del delito, como los aplicados con presencia de Gendarmería en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, también son analizados críticamente: subprotección y sobrevigilancia de los barrios más vulnerables, lo que de por sí implica un soporte y aumento a la discriminación mediante la ocupación territorial y control de los sectores más pobres. Completa el capítulo la falta de reformas del sistema de seguridad como una deuda no resuelta con la sociedad. El segundo eje está dedicado a las cárceles, tortura, muerte y abandono en los lugares de detención. En ambos casos, la violencia institucional se muestra naturalizada hacia los sectores más pobres, como una suerte de multiplicación de las condiciones de discriminación a través de la mano punitiva estatal.

Al inicio del capítulo 2, el informe sostiene la “persistencia de prácticas de violencia institucional y su concentración sobre sectores vulnerables”, y lo sostiene con números: en 2012 fallecieron 148 personas en hechos en los que tomó intervención personal policial en CABA y conurbano, lo que representa un aumento en relación con los 131 del año anterior. De los 148, a su vez, 41 eran policías o funcionarios de seguridad (otras fuerzas, como Gendarmería). Un dato interesante que destaca el informe y que renueva información que suele disolverse en la noticia policial es que el 66 por ciento de los policías federales muertos lo fueron en áreas del suburbano y se encontraban fuera de servicio. Esa cifra no es patrimonio de la Federal. La respuesta armada de policías de franco en defensa de bie-nes personales en situación de robo es un espacio habitual en los casos que involucran a policías.

El caso de Lautaro Bugatto, el joven futbolista de Banfield muerto por el bonaerense fuera de servicio David Benítez, fue tomado como ejemplo de la intervención policial. Bugatto estaba en la puerta de su casa cuando Benítez disparó, intentando evitar el robo del ciclomotor en el que circulaban su hermana y su hija. Hirió a uno de los presuntos ladrones y una de sus balas perforó el pulmón de Bugatto y le provocó la muerte. La respuesta armada de policías de franco no encuentra resolución por el momento (la única que no está obligada a portar armas estando de franco es la PSA) y se enmarca en un área compleja donde la ley se entremezcla con la cultura de la “vocación”. Lautaro no es la víctima típica de la violencia policial, ya que no forma parte del grupo varones jóvenes pobres, sino que se trata de un chico de clase media. Eso marcó la diferencia, sostiene el informe, en la respuesta inmediata del gobernador Scioli y el ministro de Seguridad Ricardo Casal, que ofrecieron su inmediato apoyo a la familia. Sin embargo, por debajo, la Bonaerense pudo desarrollar la habitual cobertura de camaradería, destruyendo pruebas.

El Informe 2013 también analiza lo que denomina “poblaciones subprotegidas y sobrevigiladas”, apelando a una denominación del criminólogo Robert Reiner, quien sostiene que la arbitrariedad policial se distribuye en forma desi-gual en la sociedad. Planes de “intervención territorial”, como el Centinela, en la zona sur, son caracerizados en el informe como discriminatorios. Casos como el del chiquito Kevin, en la villa Zavaleta, vigilada por Prefectura, y muerto de un disparo que lo alcanzó en su casa durante un enfrentamiento entre bandas de narcos, muestra que la seguridad es relativa y la vigilancia se vuelca sobre las mismas víctimas.

También se menciona, entre otros, el caso del joven Alan Tapia, baleado durante un allanamiento del GEOF en el barrio Mitre, definido por los medios y las versiones policiales como un barrio “peligroso”. Con esa argumentación, el policía acusado Rodrigo Valente declaró que creyó que el chico iba a disparar, se asustó y disparó primero. Además del disparo, el CELS señala el maltrato “a las casas allanadas, a las familias, el abusivo uso de la fuerza, el manejo oscuro de la información, el abuso de autoridad reiterado y la falta de un trato adecuado a todas las personas afectadas evidencian formas de intervención diferenciales de las agencias del sistema penal”. Está claro: en Barrio Norte, antes de allanar tocan el timbre.

El informe agrega prácticas habituales de abuso y hostigamiento a jóvenes de las restantes fuerzas de seguridad, como el “verdugueo”, “las detenciones irregulares no registradas”, “amenazas para cuando cumplan la mayoría de edad”, “hostigamiento a chicos ajenos a actividades delictivas”, “prácticas de fichaje”, “intimidación con contenido sexual a las chicas”. El Informe 2013 también avanza sobre los vínculos narco policiales y la repercusión que tiene sobre la violencia sobre los jóvenes pobres.

Respecto del ámbito carcelario, el informe “da cuenta del alto número de detenidos que fallecen en todo el país, de casos extremos de tortura y muerte, de la violencia extendida, de los graves problemas de salud que padecen las personas privadas de libertad y de la arbitrariedad con la que se rige la vida en esos espacios”. Señala además que los sistemas de gestión penitenciaria no han sido reformados en su estructura desde la última dictadura militar. “La situación carcelaria debe entenderse como parte de un sistema penal que recae con fuerza y hostilidad sobre los sectores más vulnerables, reforzando los estereotipos, las dinámicas de la violencia y la exclusión. Y, en el extremo, ocasionando la muerte de las personas que lo atraviesan.”

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