El Gobierno tiene en sus manos la llave para que la Justicia avance en el juzgamiento del plan genocida llevado adelante por la dictadura militar. De ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada por la Organización de las Naciones Unidas en 1968, la demora de la Corte Suprema en definirse sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sería un dato menor.
También se convertiría en un debate de poca trascendencia la discusión parlamentaria sobre la nulidad de las leyes de impunidad. Luego de la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales tienen rango constitucional, por lo que de esta manera quedarían superadas muchas de las discusiones jurídicas sobre la ley más benigna o sobre la prescripción judicial de algunos delitos.
El tratado que en estos momentos tiene en estudio el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, fue también analizado por el presidente Néstor Kirchner y la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
La Argentina firmó su adhesión a la Convención de la ONU. Incluso ambas cámaras legislativas lo aprobaron en el año 1995. La ratificación por parte del PEN lo pondría en vigencia. El senador Jorge Yoma intentó sin éxito que los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa lo ratificaran. Entre sus puntos más salientes, el tratado contempla que “los crímenes de lesa humanidad y los de guerra son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos”. También obliga a los Estados a adoptar las medidas para “hacer posible las extradiciones de acuerdo al derecho internacional”.