El Ministerio de Justicia dio por terminada ayer la primera etapa en el proceso de evaluación del candidato a juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. A las 19, cuando se cerró el período de consulta ciudadana, el viceministro Abel Fleitas Ortiz de Rozas llevaba contabilizadas 600 opiniones recibidas y mañana terminará con su equipo de elaborar un informe que será entregado al presidente Néstor Kirchner para que haga su propio balance, dentro de los próximos quince días hábiles. Según los cálculos en la Casa Rosada, el penalista estaría en condiciones de asumir –después de que el Senado preste acuerdo– el mes que viene.
“Ha sido un proceso participativo muy importante, más aun cuando los nombramientos en la Corte se venían manejando en un espacio político cerrado. Valoramos que Zaffaroni haya hecho pública su declaración de bienes, mientras que los actuales ministros del tribunal mantienen las suyas ocultas”, dijo Fleitas, al evaluar la aplicación del decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo. El viceministro hizo hincapié en que cerca de un centenar de las opiniones corresponden a instituciones académicas, universitarias, judiciales y gremiales y que, de ese total, 90 fueron fuertes expresiones de aprobación a Zaffaroni. Cinco entidades se pronunciaron negativamente y otras cinco consultadas por la cartera de Justicia no quisieron abrir juicio sobre el candidato.
Las notas de carácter institucional tienen, para el ministerio, más peso que las enviadas por particulares, que fueron las 500 restantes, fotocopias casi todas de seis modelos de carta. En 272 casos, por ejemplo, se repite la impresión de un mismo texto con cuestionamientos al perfil garantista de Zaffaroni y reivindicaciones de seguridad y de un derecho penal estricto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó esta semana sus consideraciones, señaló, contra esos argumentos, que “sostener que el respeto por las garantías implica una posición débil ante la seguridad parte del presupuesto autoritario e ilegal de que la persecución de delitos debe hacerse no para respetar la ley sino para violarla”. También manifestó “preocupación” por “la falta de publicidad” por parte del Gobierno de las observaciones recibidas sobre el candidato.