En la internación de Astiz en una base militar puede haber dos irregularidades. Una, su tratamiento especial, distinto al de cualquier reo. La otra, su tratamiento como oficial retirado de la Marina cuando en verdad perdió el estado militar.
La primera irregularidad está agravada porque Astiz no es cualquier reo. Participó como oficial operativo de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, fue quien disparó a la adolescente sueca Dagmar Hagelin para capturarla y operó como el responsable de infiltrarse en el primer grupo de Madres de Plaza de Mayo. Para hacerse creíble Astiz llegó a acompañarlas en las rondas alrededor de la pirámide, con tal convicción que las madres decían temer por ese muchacho de 27 años tan comprometido con la suerte de los desaparecidos. Por su tarea terminaron secuestradas las madres y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y en 1990 Astiz fue condenado en ausencia por la Justicia francesa, que el viernes entregó en la Cancillería el nuevo pedido de extradición para llevar a una prisión.
Astiz no es el primer preso con tratamiento VIP, ni el primero que escapa a las condiciones horrendas de cualquier persona bajo arresto. Por ejemplo, el ex oficial no debe sufrir lo mismo que un preso de la provincia de Buenos Aires. Según el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, sólo en las comisarías bonaerenses hay siete mil detenidos que “viven en estado de hacinamiento, en verdaderos campos de concentración donde se turnan por dos o tres horas para compartir un colchón, donde la gente está parada todo el día y requiere la atención del 80 por ciento del personal policial”.
Los presos VIP de origen militar suelen ir a unidades militares. Los presos VIP de origen civil –como Emir Yoma en su momento– van a unidades militares como Campo de Mayo o sitios civiles, pero de las fuerzas de seguridad, como los apostaderos de Gendarmería Nacional.
Si para cualquiera ser un preso como marca la Constitución es una ventaja comparativa, para Astiz ser conducido a una base naval es un premio inexplicable que borra otra vez el pasado. Astiz ya se benefició una vez con la ley de Obediencia Debida, que lo dejó fuera de la persecución penal en la Argentina porque a comienzos de la dictadura había alcanzado un grado medio. Fue el primer momento en que disfrutó de un pasado que no se le volvía en contra. Luego fue destituido y dado de baja. Si ni siquiera ese segundo capítulo sirve para marcar en Astiz una condición diferente del resto, el cuadro será aún más difícil de entender para todos.
Hasta ahora las cosas funcionaron por automatismo. El Poder Ejecutivo no reparó en que Astiz había cambiado su situación de revista y el Judicial tampoco. La Armada tuvo, por una vez, el placer de exhibir obediencia. Cumplió la orden del Ejecutivo al enviar a Astiz a la Justicia –una instrucción equivocada, porque en su caso el papel debió haberlo cumplido la Policía Federal– y cumple la orden del juez Canicoba al haber alojado a Astiz en una base.
Si dos son las irregularidades, también son dos las formas de poner un poco de lógica en tanta confusión.
Una es que el Ejecutivo y el Judicial se pongan de acuerdo, por orden del juez o por comunicación del Ministerio de Defensa, y corrijan el error inicial, trasladando a Astiz a un lugar de detención que no tenga nexo alguno con la Armada. Así, de paso, cortarán una relación que no sólo irrita a los familiares de las víctimas de Astiz sino que perturba el entendimiento de los oficiales nuevos de la Marina.
Otra, también igualitaria, es que en adelante las bases militares sirvan para aliviar la situación de los reos sin estado militar, como Astiz,hacinados en las comisarías. Muchos de ellos están acusados de delitos más suaves que el secuestro y la muerte de ciudadanos argentinos y extranjeros.