Mañana comenzará en los tribunales de Comodoro Py el juicio oral y público por los asesinatos cometidos en el microcentro porteño por efectivos de la Policía Federal el 19 y el 20 de diciembre de 2001 bajo el estado de sitio declarado por el entonces presidente Fernando de la Rúa sin la intervención constitucional del Congreso, que estaba sesionando. Y el jueves se inició en San Martín el proceso por los asesinatos de dos adolescentes y las heridas a un tercero provocadas por la policía bonaerense en la villa La Cárcova, de José León Suárez. Doce años pasaron desde el primer episodio, hace tres ocurrió el segundo y ambos tuvieron consecuencias políticas. Uno disparó el debate sobre el uso de la fuerza para reprimir movilizaciones sociales de protesta; otro transparentó los métodos de control social con que son sometidos los varones jóvenes de los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad bonaerense. Organizaciones políticas y sociales que acompañaron el comienzo del juicio en San Martín ya han montado un palco frente a los tribunales porteños para mañana, donde habrá oradores y bandas de música, tal como ocurrió durante el juicio a José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra.

En el primer caso, además de los autores de los disparos se sientan como acusados ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 6 el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el jefe de policía a sus órdenes, comisario general Rubén Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el ex director de Operaciones, Norberto Gaudiero; pero no De la Rúa, ya que el juez Claudio Bonadío y la Cámara Federal lo sobreseyeron, con la disidencia del juez Horacio Cattani. El CELS apeló esa decisión, que debe resolver la Corte Suprema. En La Cárcova sólo deben responder Gustavo Rey y Gustavo Vega, los dos oficiales de baja graduación que accionaron sus armas contra un grupo de jóvenes, pero ninguno de sus superiores jerárquicos ni el entonces ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal. En la instrucción se demostró que el tren descarriló por el pésimo estado de mantenimiento de vías y durmientes, que no actuó ninguna banda como había dicho Casal, y que un grupo de vecinos se acercó a la formación detenida para buscar alguna cosa útil o de valor, ya que cerca había un desarmadero de autos regido por la policía y el tren llevaba autopartes. Entre los espectadores pasivos estaban Franco Almirón, de 16 años, Mauricio Ramos, de 19, y Joaquín Romero, de 22, quienes como todos los días iban a la planta vecina de Ceamse a buscar residuos que pudieran reciclarse, una sórdida actividad regulada en forma violenta por la policía. Cuando la policía comenzó a disparar con balas de goma, Franco y Mauricio se escondieron detrás de unas chapas, en un montículo de chatarra. Al declarar ante los fiscales, el suboficial Carlos Aguirre dijo que tiró tres granadas de gas hacia allí por orden del titular de la Comisaría 4ª de José León Suárez, Víctor Uhalde. Afectados por el gas debieron abandonar esa protección y cuando lo hicieron les dispararon con postas de plomo. Ambos murieron, Joaquín que pasaba con su bicicleta quedó herido. El jefe de Uhalde era el titular de la Departamental San Martín, comisario Mario Briceño. Vega declaró que se autoincriminó como autor de los disparos y describió lo sucedido como un enfrentamiento, porque Briceño y el jefe de la denominada Policía 2 de San Martín, comisario José Antonio Cortez, se lo exigieron, bajo amenazas contra su familia. Ni Briceño, ni Cortez ni Uhalde fueron procesados. Briceño fue ascendido y recién un año después pasó a retiro. Este miércoles declarará como testigo. Cortez permaneció en su cargo y Uhalde volvió al servicio luego de un tiempo en disponibilidad. El informe de la comisión Investigadora de la Legislatura sobre el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez mencionó a Briceño y Uhalde en relación con el narcotráfico en las villas de la zona. Por el impacto de los crímenes de diciembre de 2001, y los de la estación Avellaneda seis meses después, se restringió la respuesta estatal ante las manifestaciones públicas, política que fue profundizada por Néstor Kirchner en 2003, pero que comenzó a erosionarse a partir de los asesinatos policiales en el Parque Indoamericano y en episodios ocurridos en diversas provincias. Para institucionalizar los principios de no represión y de gestión política de los conflictos sociales es preciso reformar normativas de diverso nivel, modificar culturas políticas, judiciales y policiales y sus prácticas cotidianas en situaciones de diversa intensidad como cortes de ruta, marchas o resistencias a desalojos. Los abusos de los policías y de los tran-sas que trabajan para ellos contra los pobladores de los barrios como La Cárcova forman parte de un sistema de control territorial que en forma cotidiana comprende obstrucciones al paso, cacheos, amenazas, fichajes, detención por averiguación de identidad. También incluye megaoperativos y allanamientos violentos, detenciones irregulares no registradas, armado de causas con pruebas falsas y extorsión sobre los jóvenes y sus familias, para que roben motos o autos para la propia policía. En el modelo de seguridad vigente la única herramienta ante la violencia y el delito es la mayor presencia policial, y la delegación en esa fuerza de la definición de las políticas de seguridad. Desde la designación de Alejandro Granados como ministro de Seguridad se ha profundizado este sistema de autogobierno policial, que además de producir violencia amenaza con la desestabilización política, como fue evidente en los autoacuartelamientos de diciembre, a los que el gobierno provincial respondió concediendo todas las demandas. Recién la semana pasada fue puesto en disponibilidad el jefe del cuartel de infantería donde se reunían los acuartelados. A falta de una política de seguridad Granados y el jefe policial Hugo Matzkin, confirmado pese al informe de la Comisión Candela que recomendó su exoneración, inventan cifras para presentar una supuesta disminución del delito. Ante el detallado informe publicado aquí el último domingo respecto del Operativo Sol, la única preocupación de Granados y Matzkin fue investigar cómo se habían filtrado los datos que demuestran la falsedad de las afirmaciones ministeriales.