También están pendientes en el Consejo de la Magistratura las acusaciones contra el juez federal Daniel Rafecas, una por el intercambio de mensajes sobre la causa Ciccone con el abogado de José Núñez Carmona, Nachito Danuzzo Iturraspe; otra por la investigación de las coimas en el Senado que, según el asombroso fallo del tribunal oral federal 2, nunca existieron. En el primer caso, la denuncia fue impulsada por el operador todoterreno Hernán Ordiales, quien acaba de ser reemplazado por Alvarez en el Consejo de la Magistratura, y sostenida por Cimadevilla. Los radicales no le perdonan a Rafecas su investigación sobre Fernando de la Rúa. La segunda, por el propio TOF2. A los pronunciamientos en su apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la regional H.I.J.O.S. de la Capital Federal, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Memoria Abierta, el Consejo Nacional Armenio, la DAIA, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión Bonaerense por la Memoria, y la organización gremial de los trabajadores judiciales, se sumó esta semana el de las Abuelas de Plaza de Mayo. Según la nota firmada por su presidente, Estela Carlotto, Rafecas “es uno de los jueces más comprometidos con la defensa de los derechos humanos y nos preocupa considerablemente la posibilidad de que sea removido de su cargo”.