Las palabras de Verbitsky que se reproducen aquí fueron pronunciadas el jueves en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, durante la presentación internacional del libro Cuentas Pendientes, que editó junto con el experto en deuda soberana de la UNCTAD Juan Pablo Bohoslavsky. Además de ellos, también participaron del acto en el Palacio de las Naciones el sueco Anders Kompass, director de operaciones de campo y cooperación técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Blandine Blukacz-Louisfert, a cargo de la biblioteca de las Naciones Unidas en Ginebra; Alfredo Calcagno, director de Macroeconomía y Políticas de Desarrollo de la UNCTAD; Marcelo Torelly, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico de Brasil, quien fue asesor del Ministerio de Justicia en Justicia Transicional; el consejero jurídico principal de la Comisión Internacional de Juristas, Carlos López y el embajador argentino ante los organismos internacionales, Alberto D’Alotto. Kompass sostuvo que en caso de graves violaciones a los derechos humanos con participación corporativa no sólo pueden ser llevados a juicio sus directivos sino las propias empresas, para garantizar verdad, justicia y no repetición. Los principios de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales contemplan la reparación de los daños causados. Bohoslavsky señaló que los trabajadores perdieron en ese período casi la mitad de su participación en el Producto Interno Bruto. Para Alfredo Calcagno los actores económicos señalados en el libro no sólo fueron cómplices de los crímenes cometidos, sino instigadores del golpe, del que esperaban y obtuvieron grandes beneficios, y no sólo de corto plazo, ya que el objetivo principal fue imponer una nueva estructura socioeconómica, con mayor concentración del ingreso y el poder en manos del establishment financiero, en detrimento de los trabajadores y de la burguesía nacional. También refutó el mito de una Argentina rica cuyo crecimiento fue detenido por el populismo, al analizar una secuencia de largo plazo del ingreso per cápita, que fue del 1,5 por ciento anual entre 1890 y 1930 y se aceleró al 1,9 por ciento entre 1945 y 1975. A partir de las reformas impuestas por el gobierno militar se estancó en un 0,2 por ciento entre 1976 y 2002 y alcanzó un para nada desdeñable 6 por ciento anual desde el repudio al neoliberalismo en 2003. Los militares ya no son una amenaza a la democracia, pero los agentes económicos que los utilizaron como instrumento buscan nuevas formas para modelar las estructuras económicas a su conveniencia, con los denominados golpes de mercado, soslayando las instituciones democráticas para conseguir sus objetivos. Al identificar a esos agentes el libro constituye no sólo un ejercicio de memoria sobre el pasado y una propuesta de justicia, sino una advertencia para el futuro. Marcelo Torelly declaró que el proceso argentino era uno de los mejores ejemplos de rendición de cuentas, aunque tal vez con un excesivo enfoque penal. Lamentó que su país haya abandonado la dimensión penal, pero destacó otras cuestiones que deben abordarse para evitar la repetición y puso como ejemplo la contradicción entre desarrollo y preservación del medio ambiente del que dependen amplias comunidades vulnerables. Mientras permanecen las ilegítimas consecuencias distributivas de un gobierno autoritario, hay espacio para la Justicia Transicional que, como explicó Verbitsky, no tiene un punto final, dijo. El mejor ejemplo es la creación de una comisión de la verdad sobre la complicidad económica tres décadas después de la democratizacion. El profesor peruano Carlos López bromeó sobre un panel de hispanohablantes forzados a exponer en inglés para aprovechar una oportunidad única de presentar ante una audiencia internacional un desarrollo tan innovativo sobre la complicidad corporativa con las violaciones a los derechos humanos, relevante no sólo para la Argentina sino también en muchos otros países del mundo cuya situación se discute en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuando la Comisión Internacional de Juristas presentó su informe sobre complicidad corporativa, la revista The Economist lo rechazó como un trazo con brocha gorda que no contestaba muchas preguntas relevantes. “El libro Cuentas Pendientes provee la respuesta a muchas de ellas”, concluyó. Al cerrar el panel, el embajador D’Alotto mencionó la unidad especial de la Secretaría de Derechos Humanos creada para investigar el saqueo de bienes y empresas y la investigación de la Comisión Nacional de Valores sobre los crímenes cometidos por funcionarios de ese organismo durante la dictadura.