La Corte Suprema se muestra hiperquinética con viejas causas pendientes sobre derechos humanos, pero sigue sin definirse sobre lo sustancial: la validez de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Aunque el Gobierno esté decidido a que los represores sean juzgados en Argentina y las investigaciones progresen en otras instancias judiciales, el alto tribunal tiene ahí la llave maestra para definir si los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura pueden avanzar definitivamente –o no– sin perdones que valgan. Algunos de los supremos quieren declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, algo impensable –es cierto– durante el reinado de Julio Nazareno, pero estarían en condiciones de fallar, con suerte, a fin de año.
Desde que asumió la presidencia del tribunal, Carlos Fayt apostó a cambiar el eje de la agenda cortesana, que hasta la renuncia de Nazareno se ceñía al corralito y los negocios del menemismo. El supremo mandó a desempolvar varios expedientes sobre derechos humanos en sintonía, aunque la Corte se proclame “no presionable”, con uno de los pilares de acción del Gobierno. En esa cruzada cuenta con una mano importante de Juan Carlos Maqueda –aunque hace unos meses no se hablaban– y va recibiendo señales de colaboración de Antonio Boggiano y de Enrique Petracchi.
Como gesto, abordar estos temas no es un dato menor en una Corte que antes de la renuncia del riojano tenía cocinado un fallo que pretendía ratificar la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Así, a pesar de varios intentos de boicot de Adolfo Vázquez, seis supremos decidieron la semana pasada que la apropiación de menores hijos de desaparecidos no puede considerarse “cosa juzgada” y que el dictador Jorge Rafael Videla debe ser juzgado por eso. En su próximo paso, Sus Señorías resolverían en el acuerdo del 8 de septiembre que se reabra la investigación para que se conozca la verdad sobre la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, que estuvo detenida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La resolución contra Videla fue un paso importante. También lo será la del caso Hagelin. Sin embargo, aunque la demanda que motiva este segundo expediente incluye un pedido de nulidad de las leyes, los supremos
no se meterán directamente con ese punto, según adelantó un ministro a este diario. Es igualmente probable que vuelvan a aparecer votos que establezcan criterios orientados hacia la inconstitucionalidad de las leyes, como ocurrió con el reciente fallo sobre robo de bebés. Allí Petracchi, quien en 1987 ratificó la validez de las normas, y Maqueda, señalaron que la reforma constitucional de 1994 obliga a juzgar las violaciones a los derechos humanos a la luz de pactos internacionales y de las decisiones de la Corte Interamericana que consideró “inadmisibles” “las disposiciones de amnistía, de prescripción y las que establezcan exclusión de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos”.
Para pronunciarse sobre la validez de las leyes, Fayt dijo que la Corte quiere respetar “la regla de los nueve” aplicada para casos “sensibles”, o sea, esperar a que Eugenio Zaffaroni ocupe la vacante. La aprobación de su pliego puede demorar entre uno y dos meses más. A eso se suma que entre los ocho supremos actuales “el tema está bloqueado” al no haber mayoría, explican. Maqueda y Boggiano quieren dictar la inconstitucionalidad. Petracchi, aunque podría revisar su postura de hace seis años, plantea que el expediente debería pasar antes por Casación Penal. Fayt comparte esa idea y no la quiere cambiar. Augusto Belluscio está en la misma senda. Los tres ex automáticos restantes quieren la constitucionalidad.
Diputados y senadores cercanos al Gobierno creen que con la anulación legislativa de las leyes y la aprobación de la convención de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ya pueden reabrise y avanzar en el país muchas causas por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, aún si la Corte sigue sin fallar. Aunque estomantenga en vilo a los militares y hasta imponga una doctrina, finalmente las apelaciones llegarán a los cortesanos, que establecerán el criterio final. Para el diputado Ricardo Falú (PJ) una definición de la Corte tiene una trascendencia aparte: “Debería, como órgano jurídico-político, tener el tino de saber cuando la sociedad está esperando que se administre justicia en un tema que intranquiliza”.