En la conferencia de prensa de ayer Patricia Walsh también presentó un proyecto de resolución en el que le solicita al Poder Ejecutivo “que arbitre las medidas necesarias para cancelar la realización del ejercicio militar denominado Aguila III”. La operación, que se realizaría en octubre en Mendoza y San Luis, involucra a tropas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y a mandos oficiales de Estados Unidos. Dos son los principales fundamentos del pedido: por un lado, la participación del grupo de instructores estadounidenses que actuaron en las últimas invasiones a Irak y Afganistán “masacrando a sus pueblos”; y por el otro, la consideración de que este tipo de operaciones forman parte “de un plan de militarización de Latinoamérica, avasallando el derecho internacional y la soberanía de nuestros pueblos”. El proyecto también menciona que las Fuerzas Armadas argentinas tienen vedado participar en acciones de seguridad interior, “cosa que estaría realizando de hecho al participar de este operativo”.